En la presente fecha se dictó decisión mediante la cual: Se ADMITIÓ la "demanda por daños y perjuicios", interpuesta por la abogada HORTENCIA APONTE, actuando con el carácter apoderada judicial de MIGUEL CABOT BOCCHETTI y MERCEDES GRISELDA BENÍTEZ GUTIERREZ, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL EDO CARABOBO; ORDENÓ EMPLAZAR a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL EDO CARABOBO, en la persona del SÍNDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO de conformidad con el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ORDENÓ la notificación de la PGR, ORDENÓ notificar a los DEMANDANTES, y ALCALDE DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL EDO CARABOBO de la presente decisión,ORDENA FIJAR, de conformidad con el artículo 57 Audiencia Preliminar COMISIONÓ amplia y suficientemente al JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRO NORTE, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL EDO CARABOBO para practicar notificaciones y citación respectivas.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana MAYLING FERNÁNDEZ, asistida por los Abogados Milagros Rivero y Jorge García, contra la ASAMBLEA NACIONAL, esta Corte dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la inhibición presentada en fecha 8 de febrero de 2018, por el Abogado Emilio Ramos González, actuando con el carácter de Juez Presidente de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. 2.- CON LUGAR la inhibición planteada. 3.- ORDENA constituir la Corte Primera Accidental "A" de lo Contencioso Administrativo, previa convocatoria del Juez Suplente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable supletoriamente de conformidad con el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ordenó notificar a la parte recurente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley Organica de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, para que un plazo máximo de diez (10) diaz de despacho a partir de la constancia en autos, manifieste su interès.

Esta Corte Primera de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Reinaldo José Marrero De Lima actuando en su carácter de Director de la Sociedad Mercantil PROMOTORA CENTRO LLANO, C.A., contra el REGISTRO SUBALTERNO CIVIL DEL MUNICIPIO FRANCISCO DE MIRANDA, DEL ESTADO GUÁRICO. Solicita de oficio la REGULACIÓN DE COMPETENCIA y REMÍTASE el expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para que emita pronunciamiento al respecto.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos interpuesto por los Abogados Fidel Montañéz y Jorge Kiriakidis, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano LUIS LERA, contra el auto emanado de la empresa PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. esta Corte dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la inhibición presentada en fecha 8 de febrero de 2018, por el Abogado Emilio Ramos González, actuando con el carácter de Juez Presidente de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. 2.- CON LUGAR la inhibición planteada 3.- ORDENA constituir la Corte Primera Accidental "A" de lo Contencioso Administrativo.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS, y TERMINADO EL PROCEDIMIENTO en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogado Carmen Salazar Hernández, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana Carmen González de Rincón, contra el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara. La NULIDAD del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 7 de mayo de 2009, así como la NULIDAD de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. Se ORDENA la REPOSICIÓN de la causa al estado que la Secretaría de esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, efectúe las notificaciones a que haya lugar con la finalidad de poner a derecho a las partes, por lo que, una vez realizadas las referidas notificaciones, deberá ordenar aplicarse el procedimiento de segunda instancia contemplado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los fines que sea resuelto por esta Alzada el recurso de apelación interpuesto.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró: EL DECAIMIENTO DEL OBJETO de la medida cautelar de suspensión de efectos, conforme al artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, solicitada en la demanda de nulidad conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos y SE ORDENÓ anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa referida a la demanda de nulidad, contenida en el expediente AP42-G-2015-000275. contra la Providencia Administrativa número 97/14 de fecha 26 de noviembre de 2014, suscrita por la Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES (INPARQUES)

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativa. Ordenó notificar a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley Organica de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, para que en un plazo máximo de diez (10) dias de despacho manifieste su interés en darle continuidad al presente caso.

En el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la cual ordenó notificar a la parte recurrente, para que un plazo máximo de diez (10) dias de despacho a partir de la constancia en autos, manisfieste su interés en darle continuidad al proceso.