Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decide: PRIMERO: se ADMITE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana YARMA ESTELA CUMARE PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V- 4.821.110, asistida por la abogada en ejercicio de este domicilio JANET GIL, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 80.025, interpuso querella funcionarial contra el Instituto Nacional de Nutrición (INN). SEGUNDO: se declara PROCEDENTE, el amparo constitucional cautelar ejercido conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad hasta tanto se decida el fondo del asunto. En consecuencia, debe el organismo restituir el sueldo y pagar los salarios dejados de percibir.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 025-2009, de fecha 18 de noviembre de 2009, emanada de la Presidencia del Instituto Autónomo de Policía Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda, mediante la cual se resolvió imponer al Agente de Seguridad Interna Andrés Rojas Aranguren, la sanción de Destitución por encontrarlo incurso en las causales de destitución contenidas en los numerales 4 y 11 del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

El incumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley en comento, al no especificar las pretensiones pecuniarias, si fuere el caso, las cuales deberán especificarse con la mayor claridad y alcance, lo cual conlleva a que este Tribunal devuelva el escrito libelar al accionante, ciudadano MARTIAL WILLIAM LOUISE, a los fines de su reformulación, ordenándose dejar en su lugar copia certificada del citado escrito libelar, todo ello conforme lo prevé la última parte del artículo 96 de la citada Ley.

se declara la nulidad de todo lo actuado, conforme lo estipula el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, ya que el presente proceso debe sustanciarse conforme a la ley especial, es decir, por la Ley del Estatuto de la Función Pública, en consecuencia, se repone la causa al estado de nueva admisión, lo cual se hará por auto separado.