Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, la Juez Temporal Tercera de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Parcialmente con lugar las pretensiones de la actora y se condena a la demandada a pagar los conceptos determinados en la parte motiva de ésta decisión, que se dan aquí por reproducidos, más lo que resulte de la experticia complementaria del fallo. SEGUNDO: No se condena en costas a la demandada por el vencimiento parcial de esta decisión.

D E C I S I O N En virtud de las consideraciones expuestas previamente, este JUZGADO PRIMERO SUPERIOR DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: HOMOLOGADO el acuerdo celebrado por las partes, en consecuencia, se le imparte el valor de COSA JUZGADA.

Este Tribunal, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada. Ordenando que se archive el expediente una vez conste en autos el recibo de pago por parte del trabajador o sus apoderados judiciales. Emítase copia a las partes. Devuélvanse las pruebas presentadas al momento de instalación de la audiencia preliminar-

este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara EXTINGUIDO el proceso de Divorcio, intentado por la ciudadana ROSAURA HERNANDEZ AVILA, contra el ciudadano PIERLUCA BOCCUZZI, ambos previamente identificados. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.

Este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a tenor de lo previsto en los artículos 8, el cual establece el Interés Superior dirigido asegurar el desarrollo integral de todo Niño, Niña o Adolescente, el artículo 22, que consagra el derecho de obtener documento publico que compruebe su identidad, siendo el pasaporte un documento indispensable para la identificación de todo ciudadano, así como el 177, parágrafo Cuarto, literal “e” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, CONCEDE AUTORIZACION SUFICIENTE a la ciudadana GENAN HELAL ABOU, antes identificada, para que proceda hacer la gestiones pertinentes ante el Consulado de Venezuela ubicado en la ciudad de Atlanta Georgia de los Estados Unidos de América, para TRAMITAR EL PASAPORTE a la Adolescente.

DISPOSITIVA Por las consideraciones anteriormente expresadas este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 6 de este Circuito Judicial Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide lo siguiente; UNICO: Se acuerda Ampliar la Medida Cautelar Judicial Sustitutiva de Libertad de Presentación Periódica, cada Cinco (05) días, que pesa en contra del acusado José Ángel Colmenarez Gómez, plenamente identificado en autos, por las de Presentación Periódica de cada Quince (15) días a partir del recibo de la respectiva notificación, por ante taquilla de Presentaciones de Imputados del Circuito Judicial Penal y La Prohibición de Salida del País sin la previa autorización del Tribunal. Todo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 256 numerales 3 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el articulo 264 ejusdem. Dado en Barquisimeto, a los Dieciocho días del mes de Marzo del añ.....

Por lo antes expuesto, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se DECLARA INCOMPETENTE para conocer de la presente causa y DECLINA la competencia por el territorio al Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, una vez quede firme la presente decisión, se ordena remitir las actuaciones al Tribunal Superior (Distribuidor) Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de la sustanciación y decisión.-

Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de octubre de 2007, por la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Se declaró SIN LUGAR la demanda de indemnización por daños materiales derivados de accidente de tránsito, interpuesta por la ciudadana Nulbia del Carmen Saturno de Gutiérrez, contra el ciudadano Darío D. Cedolín Guerra y la firma mercantil Universal de Garantías, C.A. Quedó así CONFIRMADO el fallo recurrido, dictado en fecha 19 de octubre de 2007, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Se condenó en costas a la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil.

DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de Indemnización de Daños y Perjuicios derivados de Accidente de Tránsito seguido por el ciudadano NELSON JOSÉ ROJAS MORALES, contra el ciudadano PEDRO CHÁVEZ

Este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara en nombre de la República bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley NIEGA la solicitud realizada por el ciudadano ALBERTO ALEJANDRO ORTA BERMUDEZ, por cuanto quién supervisa la disposición o no del dinero, es el Tribunal quién acuerda de acuerdo a las circunstancias propias de tal solicitud.