Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano RAFAEL ANTONIO SOSA VASQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 3.972.192, actuando en su carácter de Vice-Presidente de la sociedad mercantil "EMPRESA DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO, C.A.", asistido por el abogado TOMAS DE VILLANUEVA ROMERO MARCANO, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 641, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 007693, de fecha 17 de marzo de 2004, emanado del Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura.-

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de la demanda interpuesta por el abogado ENRIQUE MENDOZA SANTOS, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO MIRANDA , antes identificados, contra la sociedad mercantil "SEGUROS PIRÁMIDE, C.A" en su carácter de fiadora de la sociedad mercantil " VASSUAR EDIFICACIONES, C.A".

3º Se declara IMPROCEDENTE suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 875-04, de fecha 09 de agosto de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo del este, del Área Metropolitana de Caracas del Distrito Capital, interpuesta por la ciudadana ALICIA DE GUTIERREZ, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 1.368604, en su carácter de Presidenta de la Junta de Condominio de las Residencias Marvin, asistida por lo abogados LIGIA NAKARI GUILLÉN DIEPPA Y DANIEL RAFAEL E. GUILLÉN DIEPPA, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 84.242 y 117.214.

En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara ABANDONO VOLUNTARIO DEL TRÁMITE en el presente amparo constitucional intentado por el ciudadano LOELGRIN GUERRERO RIVAS, asistido por el abogado UBENCIO S. ACEVEDO, contra el ciudadano OSCAR OLIVO, en su carácter de propietario de la sociedad mercantil "INVERSIONES TIO BALO, C.A., por su negativa en cumplir con la Providencia Administrativa N° 306-03, de fecha 15 de diciembre del 2003, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda.-

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la querella interpuesta por el abogado CASTO MARTÍN MUÑOZ MILANO, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano FERNANDO ANTONIO GIL UNAMO, antes identificados, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA, y en consecuencia: 1-. SE ANULA: El acto administrativo contenido en la Resolución N° 112-43, de fecha siete (07) de julio del año 2005, suscrita por el ciudadano Gobernador del Estado Miranda. 2-. SE ORDENA: La restitución del ciudadano FERNANDO ANTONIO GIL UNAMO, titular de la cédula de identidad N° V-6.836.260, en el cargo de Sub Director en la Unidad Educativa Elia Márquez de Espinoza, ubicada en la localidad de San José del Municipio Autónomo Andrés Bello, Sub-Región 04, así como, el pago de la diferencia entre l.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de la querella interpuesta por la abogada MARISELA CISNEROS, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano EDGAR ENRIQUE TORREALBA TORRES, antes identificados, contra el Instituto Autónomo Policía Municipal del Municipio El Hatillo del Estado Miranda.

En tal sentido, pasa el Tribunal a revisar la caducidad de la acción de conformidad con lo señalado por la apoderada judicial de la recurrente en el libelo de la demanda cuando alega que "...en fecha treinta (30) de noviembre del dos mil seis (2005), (sic) el Ministerio de Educación y Deportes, procedió a liquidarle las prestaciones sociales..." fecha a partir de la cual se inicia el lapso de tres (03) meses a los que hace referencia la norma supra transcrita, esto es, desde el 30/11/2005. De allí, que habiéndose interpuesto la presente demanda en fecha 22 de junio de 2006, ha transcurrido un lapso que supera íntegramente los tres (03) meses previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Por tanto, debe el Tribunal declarar la caducidad de la acción y en consecuencia su inadmisibilidad y así se decide.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de la demanda interpuesta por la ciudadana RAFAELA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE MARTINEZ, asistida por los abogados IVAN ANTONIO YÉPEZ y CARLOS ALFREDO PEREZ SOJO, antes identificados, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES.-

3º Se declara PROCEDENTE la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº 093-04, de fecha 09 de febrero de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo en los Municipios Plaza y Zamora del Estado Miranda, interpuesta por el abogado JOSÉ MAITA, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 37.343, en su carácter de coapoderado judicial de la empresa mercantil DISTRIBUIDORA SOTERO SOUMEN, C.A., inscrita en el registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y del Estado Miranda, bajo el No. 38, Tomo 83 Apro., de fecha 20 de septiembre de 1989, dicha suspensión tendrá vigencia hasta el momento en que se resuelva el presente recurso de nulidad. 4° Se exige a la recurrente una fianza bancaria o de una compañía de seguros por la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL (Bs.3.840.000,00), que equivale a dos años de salarios del trabajador, calculado con base a lo estipulado por la Inspectoría del Trabajo.....

En relación a la solicitud de la medida cautelar innominada de suspensión de efectos solicitada por la parte recurrente, considera este Tribunal que la misma carece de fundamento y no se especifica de una forma clara y precisa cuales son los daños irreparables o de difícil reparación por la definitiva que haga indispensable la suspensión, razón suficiente para que este Juzgado declare Improcedente la medida solicitada. Así se declara.-