LA CORTE DECLARÓ DESISTIDA la apelación ejercida por el abogado Carlos Alberto Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 8.067, actuando en su carácter de apoderado judicial de la YOLANDA ESTELA MARCANO, titular de cédula de identidad Nº 3.816.573, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 13 de septiembre de 2004, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 84 de fecha 5 de marzo de 1999 dictado por el Alcalde del MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, mediante el cual se le destituye del cargo de Directora de Planificación Social adscrita a la Dirección de Gestión Ciudadana del mencionado Municipio. En consecuencia, se declara FIRME el fallo del a quo.

.LA CORTE SE DECLARA INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con suspensión de efectos, por la ciudadana YMARA JOSEFINA MONROY, asistida por el abogado Eduardo A. Mejías Rengifo, contra el acto administrativo contenido en el "Acta" de fecha 29 de enero de 2002, por el cual la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO LIBERTADOR, homologó la transacción celebrada entre la recurrente y el ciudadano Luis Antonio Rodríguez, en su condición de Presidente del CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL.ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa

LA CORTE Se declara COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de marzo de 2004. SIN LUGAR la solicitud efectuada por la parte recurrente en fecha 9 de agosto de 2005. Se REPONE LA CAUSA al estado de dar inicio a la relación de la causa sin necesidad de auto expreso, una vez que conste en autos la última de las notificaciones efectuadas. Se tendrá como presentado el escrito de fundamentación de la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrente de fecha 24 de febrero de 2005.

LA CORTE DECLARÓ SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el abogado Víctor Durán Negrete, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil HILTON INTERNACIONAL DE VENEZUELA, C.A., contra la Providencia Administrativa N° 223-02 de fecha 30 de septiembre de 2002 emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano JOSÉ ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ, contra la referida sociedad mercantil. En consecuencia, SE ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en función de distribuidor, a los fines legales consiguientes.

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada por el abogado Guillermo Alcalá Prada, actuando en su carácter de apoderado judicial de la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN ?INCE CONSTRUCCIÓN ASOCIACIÓN CIVIL?, contra la Providencia Administrativa N° 03-028 de fecha 10 de marzo de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LA ZONA DEL HIERRO DEL ESTADO BOLÍVAR, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano ANTONIO JOSÉ MARCANO, contra la referida Junta Liquidadora. SE ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y Contencioso Administrativo del Estado Bolívar, a los fines legales consiguientes.

LA CORTE SE DECLARA INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos del acto impugnado, por el abogado Karl Edward Churion Martínez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES JUAN SEBASTIÁN C.A., contra la Providencia Administrativa N° 50-03 de fecha 8 de mayo de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano LUIS ALIRIO HERNÁNDEZ, contra la mencionada sociedad mercantil;ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior (Distribuidor) en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a los fines legales consiguientes.

LA CORTE DECLARÓ SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos contra la Providencia Administrativa N° 153-2003, de fecha 22 de enero de 2003, emanada de la mencionada INSPECTORÍA , mediante la cual se declaró sin lugar la solicitud de calificación de despido y de falta interpuesta por la referida sociedad mercantil, contra el ciudadano JHONNY MORALES. En consecuencia, SE ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, a los fines legales consiguientes.

LA XCORTE DECLARA .- SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo constitucional y solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo impugnado, por el abogado Gerónimo Martínez Pérez, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana HADASSA JOSEFINA CASTRO, contra la Providencia Administrativa S/N de fecha 10 de abril de 2002, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la referida ciudadana contra la sociedad mercantil DARLITZ ENGLISH INSTITUTE, C.A.ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

LA CORTE DECLARÓ SU COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley a la que se encuentra sometido el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 22 de julio de 2004, que declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta conjuntamente con pretensión cautelar de amparo constitucional. REVOCA el fallo sometido a consulta dictado por el referido Juzgado Superior; Conociendo del fondo del litigio, PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta, en consecuencia, SE DECLARA NULO el acto administrativo contenido en el Oficio SNAT/2003/0007064 de fecha 21 de octubre de 2003, mediante el cual se removió a la querellante de su cargo y SE ORDENA la reincorporación de la querellante al cargo de Jefe de la División de Fiscalización de Gerencia de Contribuyentes Especiales de la Región Capital, con el pago de la diferencia de sueldos dejados de percibir desde la fecha de su ilegal remoción, hasta su total y .....

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, contra la Providencia Administrativa S/N de fecha 2 de mayo de 2003, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos intentada por la ciudadana MAILYNTH DEL VALLE GUAURA GUEVARA, contra la referida sociedad mercantil. ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.