Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria de la sentencia N° 2011-0562 dictada por esta Corte el 11 de abril de 2011, formulada el 10 de mayo de 2011, por la abogada Manuela Puente, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano LUC MARIE JOSEPH G. BRAMAUD DU BOUCHERON. 2.- Se corrige el ERROR MATERIAL de la identificación del número de cédula de identidad del ciudadano Luc Marie Joseph G. Bramaud Du Boucheron, por cuanto la identificación correcta es E-81.052.879, tal y como quedo establecido en el cuerpo de la presente aclaratoria.

Dadas las consideraciones explanadas en el presente fallo, esta Corte en aras de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, y de salvaguardar la seguridad jurídica que debe imperar en todo proceso judicial, este Órgano Jurisdiccional una vez estudiadas las actas procesales que conforman el expediente, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, revoca la decisión de fecha 16 de julio de 2007, proferida por el Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur a través de la cual declaró inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en virtud del evidente error en el que incurrió el a quo al momento de computar el lapso de caducidad, y así se declara.

1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales del ciudadano MAURICIO GÓMEZ PÉREZ contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO INDEPENDENCIA DEL ESTADO MIRANDA; CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto; REVOCA el fallo dictado por el a quo; declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia; NULO el acto de retiro; CADUCO el acto de remoció y; ORDENA reincorporar al recurrente en el último cargo de carrera por él desempeñado durante un mes y el consecuente pago del mes de disponibilidad.

Así, se advierte que la sanción de destitución está ajustada a Derecho y que la parte querellante no aportó elemento probatorio alguno del cual pueda verificarse el presunto daño moral que se le ocasionó, aunado a que se limitó a explanar de manera genérica los motivos por los cuales solicitaba la indemnización moral, en consecuencia, resulta forzoso para esta Corte desechar el alegato de daño moral alegado por la parte querellante en su escrito.

Con base en lo expuesto y efectuado el análisis del contenido de la decisión apelada, esta Corte estima que la sentencia dictada el 13 de enero de 2005, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano Mario Ramón Robles, asistido por el abogado Rubén Emilio Sáez Zerpa, contra el Concejo Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda, no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, esta Corte declara DESISTIDO el presente recurso de apelación y, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado. Así se decide.