Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada Milagros Hernández Aguilera, anteriormente identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano GUSTAVO JOSÉ TREMARIA, contra la decisión de fecha 20 de febrero de 2008, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, en consecuencia, se REVOCÓ el fallo apelado y se ordenó la REMISIÓN del expediente al Tribunal de origen a los fines de que pronuncie sobre el mérito de la presente causa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: DESISTIDO el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad ejercido por la Sociedad Mercantil BANCO FEDERAL, C.A., BANCO UNIVERSAL, (hoy BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A), representada por la abogada María Correa, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 51.864, contra el acto administrativo contenido en el oficio Nº 000140, de fecha 18 de septiembre de 2007, emanado del BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), mediante el cual se decide el recurso administrativo de reconsideración y se ratifica el Acta de Fiscalización GF-0001-2007, de fecha 12 de julio de 2007.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación; 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del presente fallo, para que una vez que conste en autos la última de las notificaciones, la parte recurrida dé contestación a la fundamentación de la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: PROCEDENTE la solicitud de suspensión de la causa, peticionada en fecha 21 de mayo de 2013, por la Abogada Diurbys Requena Rotundo, antes identificada, actuando con el carácter de apoderado judicial de la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL (CORPOELEC), respecto de la Demanda por Cumplimiento de Contrato interpuesta conjuntamente con Medida Cautelar de Embargo Preventivo sobre Bienes Inmuebles, contra la sociedad mercantil PROSEGUROS, S.A. y subsidiariamente la sociedad mercantil COOPERATIVA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS GUAYANA 21, S.R.L. 2.- Se ACUERDA la suspensión de la causa por un lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir del día siguiente de la publicación del presente fallo.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDO el recurso de Nulidad interpuesta por el ciudadano CAMILO AMEDEO DI COLA NAVA, titular de la cédula de identidad Nro. 7.970.802, asistido por el abogado Alberto José Castillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.172, contra el acto administrativo notificado mediante oficio Nº CM-2011-890 de fecha 30 de septiembre de 2011, emitido por la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO G/D PEDRO LEÓN TORRES DEL ESTADO LARA.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDO el Recurso de Nulidad interpuesto por el ciudadano DOUGLAS ALEXANDER PIRE CUICAS, titular de la cédula de identidad Nro. 15.263.749, asistido por el abogado Alberto José Castillo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.172, contra el acto administrativo notificado mediante oficio Nº CMT-DDR-003-2011 de fecha 30 de septiembre de 2011, emitida por la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO G/D PEDRO LEÓN TORRES DEL ESTADO LARA.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la ALCALDIA DEL MUNICIPIO LA CAÑADA DE URDANETA DEL ESTADO ZULIA, contra la sentencia dictada en fecha 16 de septiembre de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, que declaró CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta, por la ciudadana BEATRIZ DEL CARMEN PARRA, contra el acto administrativo contenido en el oficio Nº RH-189/2008 de fecha 12 de diciembre de 2008. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- FIRME el fallo dictado en fecha 16 de septiembre de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- ES COMPETENTE para conocer de la regulación de competencia solicitada en fecha 3 de abril de 2012, por el Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público del estado Barinas, contra la decisión de fecha 26 de marzo de 2012, mediante la cual el referido Juzgado ratificó su competencia para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de marras. 2.- Que la COMPETENCIA para conocer y decidir el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la ciudadana CARMEN ROCIÓ SILVA RODRÍGUEZ, asistida por el abogado Lersso Rafael González, contra la Providencia Administrativa Nº 375-07, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Barinas de fecha 3 de diciembre de 2007, que autorizó el despido de la ciudadana recurrente, corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación; 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del presente fallo, para que una vez que conste en autos la última de las notificaciones, la parte accionante dé contestación a la fundamentación de la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró: 1.- La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 29 de abril de 2013, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo; 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa, contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.