Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Juzgado declaró 1.- COMPETENTE a la CSCA para conocer y decidir la demanda por "COBRO DE DAÑOS MATERIALES POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO" interpuesta conjuntamente con solicitud de medida "PREVENTIVA DE EMBARGO DE BIENES MUEBLES", por la abg. CARMEN G. SULBARÁN, S., en su carácter de sustituta del PROCURADOR DEL EDO. CARABOBO, contra el ciudadano JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, titular de la C.I. 16.011.995. 2.- ADMITIÓ la referida demanda; 3.-ORDENÓ la notificación de la PGR conforme con el art. 108 del Decreto Ley que rige su Funciones; 4.-EMPLAZÓ al ciudadano JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ JIMÉNEZ; 5.-ORDENÓ fijar Aud. Preliminar una vez conste la citación y notificación ordenadas y transcurrido el lapso del art. 36 de la LOJCA 6.-COMISIONAÓ al JUZ. DIST. DE VALENCIA. 7.- ACORDÓ abrir cuaderno separado 8.- INSTÓ a la parte demandante consigne lascopias requeridas para la citación y notificación ordenadas y para el cuaderno de medida.

Se dictó y público decisión mediante la cual este Juzgado Sustanciador declaró: 1.- COMPETENTE a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer de la demanda de nulidad interpuesta; 2.- ADMITE la demanda de nulidad interpuesta; 3.- ORDENÓ notificar a los ciudadanos FGR, PRESIDENTE DEL CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), y a la PGR; 4.- INSTÓ a la parte demandante consigne los fotostatos requeridos para practicar las notificaciones ordenadas; 5.- ORDENÓ solicitar al ciudadano PRESIDENTE DEL CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), los antecedentes administrativos relacionados con la presente causa; y, 6.- ORDENÓ remitir el presente expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo una vez conste en autos el acuse de recibo de todas las notificaciones libradas y transcurra el lapso establecido a la PGR de ocho (8) días de despacho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley de la Procuraduría General de la República.

En fecha 20 de diciembre de 2017, este Juzgado de Sustanciación dictó decisión mediante la cual ACLARÓ de oficio el fallo Nº AW412017000083, dictado por este Juzgado de Sustanciación en fecha 14 de diciembre de 2017, se dejó SIN EFECTO la boleta y oficios librados en fecha 14 de diciembre de 2017 y ORDENÓ libra las notificaciones y emplazamiento ordenados para dar cumplimiento a la presente decisión complementaria.

1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 25 de noviembre de 2015, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Jaime Feliciano Gómez, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano GUILLERMO ANTONIO SANCHEZ FIGUEREDO, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL ESTADO MIRANDA.. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y conociendo en Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del entonces vigente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hoy artículo 84 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 25 de noviembre de 2015, por e.....

1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 8 de julio de 2015, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano MANUEL ALEJANDRO BRICEÑO BUYO, debidamente asistido por el abogado Henry Vega, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL MUNICIPIO GUAICAIPURO DEL ESTADO MIRANDA. 2 DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

Esta Corte en aras de garantizar el principio de verdad material, y con la finalidad de cumplir con su labor jurisdiccional al momento de emitir su decisión, con base en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima necesario solicitar tanto al ciudadano Alexander Ojeda Pinto, antes identificado, como a la Universidad de Oriente (U.D.O.), e igualmente, a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo (sector público) del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, para que en un lapso de diez (10) días de despacho, más cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de que consten en el expediente sus respectivas notificaciones, consignen documento o información relativa a la validez de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la demanda por abstención interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada; 2.- ADMITE la demanda; 3.- APLICA el procedimiento breve contemplado en los artículos 65 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; 4.- Se ORDENA citar al Superintendente Nacional de Valores; 5.- Se ORDENA la notificación al ciudadano Procurador General de la República; 6.- Se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional, a los fines del pronunciamiento correspondiente a la apertura del respectivo cuaderno separado para tramitar la medida de suspensión de efectos solicitada.

Esta Corte en aras de garantizar el principio de verdad material, y con la finalidad de cumplir con su labor jurisdiccional al momento de emitir su decisión, con base en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima necesario solicitar tanto a la ciudadana Mónica María Saettone Gómez, antes identificada, como a la Universidad de Oriente (U.D.O.), e igualmente, a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo (sector público) del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo, para que en un lapso de diez (10) días de despacho, más cinco (5) días continuos como término de la distancia, contados a partir de que conste en el expediente sus respectivas notificaciones, consignen documento o información relativa a la validez de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la ciudadana OLFA OLY OVALLES NÚÑEZ, titular de cédula de identidad Nro. V-3.126.021, asistida por los abogados Reinaldo Fuentes y Damarys Meléndez; contra el fallo dictado en fecha 2 de junio de 2017, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, que declaró improcedente la solicitud formulada por la misma, referida a indexar los montos adeudados; en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial que interpusiera contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (U.P.E.L.). 2.CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.REVOCA el fallo apelado. 4.Se ORDENA el cálculo de la indexación o corrección monetaria de las cantidades adeudadas por la Universidad Pedagógica de Experimental Libertador (U.P.E.L.), a la ciudadana Olfa Oly Ovalles Núñez, en los términos expuestos

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, salva las omisiones y rectificar el error material de la sentencia N° 2017-00754 dictada por esta Corte el 26 de octubre de 2017, toda vez que, donde se lee "[¿] del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado ELIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ VEITÍA, titular de la cédula de identidad N° V-10.821.664, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 178.278 [¿]" debe leerse de la siguiente manera: "[¿] del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado ELIO ÁNDRES RODRÍGUEZ VEITÍA, titular de la cédula de identidad N° V-10.821.664, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 178.278 [¿]", quedando subsanado de esta manera el error antes señalado.