En opinión de este Juzgador, resulta procedente que el Dr. LUIS R. HERRERA G. deba desprenderse del conocimiento del juicio in comento, dado que, en los términos dados por dicho funcionario, que merecen fé pública, existe en él un impedimento para conocer y decidir el juicio de divorcio, antes mencionado, en forma objetiva e imparcial dada la vinculación con la parte actora como se desprende igualmente de los recaudos que conforman el expediente. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

Ahora bien, dado que la suspensión del curso de la presente incidencia era hasta el día 18 de enero de 2013, este Juzgado Superior Segundo reanuda la presente incidencia a partir del día de hoy miércoles veintitrés (23) de enero de 2013, inclusive, la cual se encuentra en fase de presentación de observaciones. Se deja expresa constancia que está pendiente por transcurrir seis (6) días de despacho para la presentación de las observaciones. Así se decide.

Ahora bien, luego de analizado lo expuesto ut supra, en opinión de este juzgador no puede prosperar en derecho la apelación ejercida por la representación judicial de la parte demandante contra el auto proferido en fecha 22 de junio de 2009, dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana, en virtud de que la inspección judicial promovida por la actora a criterio de quien decide resulta inconducente, dado el objeto que se persigue con la inspección y por desnaturalizar dicha prueba; por cuanto lo pretendido se cumple con otro medio de prueba como ya quedo reseñado, siendo ello así la prueba de marras promovida por la demandante resulta inadmisible; y así se dispondrá en forma expresa, positiva y precisa en la parte dispositiva de este fallo judicial. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

En el presente caso, se fundamentó la solicitud de la medida de secuestro en el artículo 22 de la Ley Sobre Ventas con Reserva de Dominio, y en él, se establece con claridad cuáles son los requisitos para el decreto de la medida preventiva de secuestro, a saber, la apariencia de que la demanda este fundada y la fijación de una caución para asegurar los daños y perjuicios que se ocasionen en caso de no prosperar el presente juicio. Asimismo, este sentenciador considera que, como bien lo señala el a quo, la disposición antes indicada no hace distinción entre personas naturales o jurídicas, ni entre entes del Estado o entes privados, por lo que la declaratoria que ordena la fijación de la caución a la parte actora debe prosperar, sin mas motivación que la aquí expuesta. Este jurisdicente con el fin de administrar justicia a la luz de las exigencias contenidas en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, luego de una revisión a cada una de las actuaci.....

De manera pues, resulta imperioso indicar que el proceso judicial aparece registrado en diversas normas de la Constitución del año 1999 (artículos 26, 49, 253 y 257). Entre esas regulaciones constitucionales, se encuentra la de tutela judicial efectiva que es común para ambas partes dentro del cual se debe entender consagrado el aspecto cautelar. Asimismo, dentro del normal equilibrio del proceso, cuyo resguardo es tarea del juez como director del mismo, éste se encuentra facultado para acordar cualquier medida o actuación a los fines de que impere la justicia y no se cause indefensión para alguna de las partes; por lo que no cabe duda, que la hablar de administración de justicia y de tutela judicial efectiva, ello hace referencia implícita a las medidas cautelares, lo que de suyo hace que el juez pueda acordar en el aspecto que genera la presente incidencia la comparecencia de las partes, activar su mediación y de ser el caso la apertura de una articulación probatoria a los fines de b.....