Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana AMERICA SOLANYER MARTINEZ PÁEZ, venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.963.136 debidamente asistida por el abogado AURELIO JOSÉ SILVA CARRASCO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 65.690, contra la AVIACIÓN MILITAR BOLIVARIANA en la persona de su Comandante General Mayor General Eutimio José Criollo Villalobos de conformidad con lo establecido en el ordinal 5to del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por no ser así la vía idónea.

Siendo ello así, este Órgano Jurisdiccional a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordena la realización de una experticia complementaria del fallo recaído en la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de determinar el cálculo de los sueldos dejados de percibir por la querellante desde su ilegal retiro hasta su efectiva reincorporación, todo ello en virtud de lo establecido en la sentencia de fecha 31 de marzo de 2011 y confirmada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 24 de febrero de 2014; con la advertencia de que una vez realizado dicho informe pericial se proceda a descontar de dicho pago lo percibido por la querellante desde el 03 de febrero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, lapso éste en que la citada ciudadana prestó sus servicios en el Ministerio del Poder Popular para.....

Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara INADMISIBLE POR CADUCO el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las abogadas Concepción Olimpia Fermín Muñoz, Luisa Flores de Reyes y Elizabeth Arriojas, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nros. 30.109, 21.238 y 29.135, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales del ciudadano ALFONSO MEJÍA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 7.667.735, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI).

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano NELSON ALBERTO TOVAR BRACHO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 18.935.989, debidamente asistido por el abogado PEDRO CELESTINO RAMÍREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el número Nº 83.917, contra el acto administrativo de Destitución, suscrito por el Director de Policía del Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital. En consecuencia, se confirma en todas y cada una de sus partes el acto administrativo impugnado.

Resuelto lo referente a la oposición, este Juzgado pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de las restantes pruebas en los siguientes términos: Se admiten las pruebas documentales promovidas por la parte querellada en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, por no ser las mismas manifiestamente ilegales ni impertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. A los fines de la evacuación de la prueba de inspección judicial promovida por la parte actora, este Juzgado fija para el quinto (5to) día de despacho siguiente al de hoy a la una de la tarde (01:00 p.m.), para el traslado y constitución del Tribunal en la sede de la Gerencia de Recursos Humanos de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, ubicado en la Av. Francisco de Miranda, Urbanización La Carlota, Edificio SUDEBAN, Municipio Sucre del estado Miranda, a los fines legales pertinentes.

se admiten cuanto ha lugar en derecho las pruebas documentales promovidas en el Capitulo I, marcado con la letra "A" del citado escrito, por no ser las mismas manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, las pruebas serán inadmitidas cuando sean manifiestamente ilegales e impertinentes. En relación a lo señalado por la parte querellante en los CAPÍTULOS PRIMERO y SEGUNDO de su escrito de pruebas este Juzgado observa, que el mismo se refiere a simples alegatos y consideraciones que no pueden ser presentadas en esta etapa procesal, razón por la cual se inadmiten. . En relación a la prueba documental promovida en el CAPITULO TERCERO del referido escrito de prueba presentado, este Juzgado la admite en cuanto ha lugar en derecho por no ser las mismas manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.