Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de los trabajadores, ni normas de orden público, decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada. Emítase copias a las partes. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.-

SE HOMOLOGO EL PRESENTE CONVENIMIENTO SUSCRITO ENTRE LAS PARTES EN JUICIO EN BENEFICIO DE SU MENOR HIJO.

Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, mediante la cual se declaró CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en fecha 29 de enero de 2014, por la abogada Patricia Vargas Sequera, apoderada judicial de la parte demandada, contra la decisión dictada en fecha 23 de enero de 2014, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Se declaró SIN LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato seguido por el ciudadano Roger Antonio Alvarez Arroyo, presidente de la empresa Construcciones Santa Fe, C.A., contra la empresa Seguros Guayana, C.A. Quedó asi REVOCADA la decisión apelada. Se condenó en costas a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Se ordenó la NOTIFICACIÓN de las partes.

Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, la Juez Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE: PRIMERO: Se declara la COSA JUZGADA y en consecuencia, una vez quede firme la presente decisión, se ordena: Oficiar a la Oficina de Control de Consignaciones (OCC LABORAL), para que proceda a entrega a la demandante YULIANA YACKELIN BARRETO, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº 17.380.710, el cheque signado 00038023, por un monto de DOS MIL CUARENTA Y SEIS BOLIVARES CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (BF. 2,046.53). Remitir el presente asunto al Tribunal de origen a los fines de dar por terminado el presente juicio.

Este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, especialmente por los Artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, aprueba la mencionada justificación y declara a las ciudadanas: OMAIRA DEL CARMEN FIGUEROA ALVAREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-5.936.667, actuando en nombre propio y en representación de sus hijos: JOMAIRA LUNA CHAVEZ FIGUEROA y JONNY ASTRO CHAVEZ FIGUEROA, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-18.103.215 y V-19.921.925, y en representación del ciudadano: JOMAR JONNY CHAVEZ MARIN, titular de la cédula de identidad No. V-16.241.420, asistida por la Abogado BRICEYDA DANIELA SANCHEZ, Inpreabogado N° 140.911, como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, en su condición de cónyuge e hijos del De-Cujus YONNY JOSE CHAVEZ MELENDEZ antes identificado.

Este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, especialmente por los Artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, aprueba la mencionada justificación y declara a las ciudadanas: LUZ MARIA VASQUEZ DE TORREALBA, mayor de edad, venezolana, titular de la cédula de identidad N° 3.863.825, en nombre y representación de los ciudadanos MARYORI KARINA TORREALBA DE MASCAREÑO, MARYELIS KAROLINA TORREALBA DE ALVARADO y MARYELIN KAREMI TORREALBA VASQUEZ, titulares de la cédula de identidad Nro. V-12.435.782, V-14.269.515, V-17.784.899 respectivamente, de este domicilio, asistida en este acto por el Abogado FRANCISCO JAVIER PARRA PEREZ, inscrito en el IPSA bajo el N° 161.668, como ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS en su condición de Madre e hijas del De-Cujus ZAMIR ANTONIO TORREALBA antes identificado.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, éste Juzgado Superior Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR, la demanda de nulidad incoada en contra de la Certificación de Accidente de Trabajo N° 132/12, de fecha 17 de Julio de 2.012, emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Lara, Trujillo y Yaracuy, en el expediente LAR-25-IA-08-0311. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, dadas las resultas del fallo. TERCERO: Notifíquese la presente decisión a la Procuraduría General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Decreto Ley que rige su funcionamiento.

PRIMERO: La perención de la instancia conforme a lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas porque la presente decisión se dictó de oficio y no resuelve el fondo de la controversia. TERCERO: Se ordena notificar de la presente decisión al Procurador General de la República, en la oficina regional correspondiente, en razón de las prerrogativas procesales

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; y se confirma la decisión de la primera instancia sobre la providencia administrativa N° 508 de fecha 29 de febrero de 2012 dictado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, sede Pedro Pascual Abarca, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos de la ciudadana ALBA MARINA GONZÁLEZ, en asunto N° 025-2011-01-0200. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con el Artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Se ordena notificar de la presente decisión a la parte demandante, al interviniente beneficiario de la providencia administrativa, a la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara que emitió el acto y a la Procuraduría General de la República en la ciudad de Caracas.

Por las razones anteriores, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial con Competencia en Delitos de Violencia Contra la Mujer, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, resuelve lo siguiente: PRIMERO: Se declara INCOMPETENTE para conocer del presunto asunto penal, de conformidad con lo dispuesto en el REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO CON OCASIÓN A LA INCLUSION DE LOS DELITOS DE FEMICIDIO (ARTICULO 54), FEMICIDIOS AGRAVADOS (ARTICULO 58) E INDUCCIÓN O AYUDA AL SUICIDIO (ARTICULO 59) EN LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, PUBLICADA EL 25711/2014, GACETA OFICIAL N° 40.548 (REIMPRESA EL 28/11/2014, G.O.N° 40.551) en su artículo 1, y en CONSECUENCIA se plantea CONFLICTO DE NO CONOCER, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del texto adjetivo penal. SEGUNDO: Se ordena la remisión inmediata de las actuaciones a la Corte de Apela.....