LA CORTE OBSERVA que transcurridos treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, debe quedar firme la sentencia dictada en fecha 5 de octubre de 2004 por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al referido Órgano Jurisdiccional.

LA CORTE OBSERVA que transcurridos treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes, manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, debe quedar firme la sentencia dictada en fecha 5 de mayo de 2005 por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo.

LA CORTE OBSERVA que transcurridos treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes, manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, debe quedar firme la sentencia dictada en fecha 3 de febrero de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Occidental, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo.

LA CORTE COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano PEDRO SEGUNDO PIAMO PÉREZ, titular de la cédula de identidad N° 9.073.640, asistido por el abogado Guillermo Tadeo Borges Ortega, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 81.025, contra el auto dictado en fecha 14 de abril de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor Oriental, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el mencionado ciudadano, contra el COORDINADOR GENERAL y el COORDINADOR DE REGISTRO AGRARIO del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS EN EL ESTADO ANZOÁTEGUI. ANULA el auto objeto de apelación. INCOMPETENTE para conocer el fondo de la acción incoada. DECLINA la competencia para conocer de la presente causa al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Agrario y de Protección, con sede en Barcelona. ORDENA la remisión del expediente a dicho órgano jurisdiccional.

LA CORTE SE DECLARA COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra el fallo dictado en fecha 9 de junio de 2003, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano SALVATORE GAETANO GIAMMARINARO, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes en fecha 9 de junio de 2003, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el mencionado ciudadano, asistido por el abogado Esdras Arretureta, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARINAS DEL ESTADO BARINAS;REVOCA el fallo apelado;INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de l.....

LA CORTE SE DECLARÓ COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada Jennifer Liseth Quintero Medina, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSTEL S. P., C. A., contra el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental en fecha 14 de febrero de 2005, el cual negó lo solicitado por la apoderada judicial de la referida sociedad mercantil. 2. SIN LUGAR la apelación ejercida por la abogada Jennifer Liseth Quintero Medina, antes identificada, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSTEL S. P., C. A. En consecuencia CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, de fecha 14 de febrero de 2005, el cual negó lo solicitado por la apoderada judicial de la sociedad mercantil CONSTEL S. P., C. A., inscrita en el registro Mercantil Segundo del Estado Zulia, en fecha 23 de septiembre de 1992, .....

LA CORTE Se declara COMPETENTE para conocer de la presente causa en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con el fin de conformar la primera instancia. CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 25 de abril de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar que declaró con lugar el amparo interpuesto por la ciudadana Simona Correale Buzzeta, asistidos por los abogados David Nohra Zakia, Antonio Boueri Hurtado y José Miguel Idrogo Martínez, identificados al inicio, contra el Consejo Directivo del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, y que ordenó al referido Instituto "que un plazo de cinco (5) días hábiles, realice los trámites necesarios para la inscripción en el semestre que le corresponda a la accionante, en la carrera de Arquitectura, veri.....

LA CORTE OBSERVA que transcurridos treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes, manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, debe quedar firme la sentencia dictada en fecha 14 de abril de 2005 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo.

LA CORTE OBSERVA que transcurridos treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes, manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, debe quedar firme la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 24 de marzo de 2004 , razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo.

LA CORTE DECLARÓ CON LUGAR la apelación ejercida contra el fallo dictado. por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil (Bienes) del Estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, de fecha 15 de septiembre de 2003, mediante el cual declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta, por los apoderados judiciales de los accionantes, contra la sociedad mercantil AGUAS DE MONAGAS, C. A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 27 de octubre de 1993, bajo el No. 151, Tomo B-Hab, por no acatar la orden emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, contenida en la Providencia Administrativa N° 300 de fecha 6 de febrero de 2003, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos a favor de los referidos ciudadanos.REVOCA el fallo apelado.CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta.