Se dictó decisión, mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Jennifer Mota, actuando con el carácter de sustituta de la Procuraduría General de la República, en representación del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO, contra la sentencia Nº 2013-286, mediante la cual el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido conjuntamente con Medida Cautelar, por la apoderada judicial de la ciudadana MARÍA ELENA MEZA MONTAÑO, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL SERVICIO PENITENCIARIO. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada, con la observación indicada. Ordenó publicar, registrar, notificar; remitir el expediente al Juzgado de origen y dejar copia certificada de la presente decisión.

En la presente causa se dictó decisión mediante la cual se ORDENÓ oficiar al Banco Central de Venezuela a fin de que proceda a la determinación de los intereses moratorios en base a una tasa igual al promedio ponderado, establecido por el Banco Central de Venezuela, de las tasas pasivas que paguen los seis (6) bancos comerciales del país con mayor volumen de depósitos por operaciones de crédito a plazo, no mayores de noventa (90) días calendario y la corrección monetaria con base al índice inflacionario del Banco Central de Venezuela; los cuales deberán ser calculados sobre la suma de Un Millón Ciento Treinta y Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Tres Bolívares, con Sesenta y Dos Céntimos (Bs. 1.139.753,62); desde el 24 de julio de 2006, hasta el 7 de febrero de 2011. Asimismo, se Odenó publicar, notificar y registrar el presente fallo, remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer la demanda por resolución de contrato y ejecución de fianzas de anticipo y de fiel cumplimiento interpuesta conjuntamente con solicitud de medida preventiva de embargo por los apoderados judiciales especiales de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO, contra la sociedad mercantil INVERSIONES CRISTELCA, C.A., 2.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines que examine los requisitos de admisibilidad de la demanda interpuesta, salvo la relativa a la competencia, la cual ya ha sido analizada por este Órgano Jurisdiccional, y de ser procedente abra cuaderno separado de medidas. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 3 de julio de 2013, por la abogada Elizabeth Arriojas, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana ALICIA RAMONA GUTIÉRREZ, contra la decisión dictada en fecha 8 de mayo de 2012, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la mencionada ciudadana contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI). 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.- CONFIRMÓ en los términos expuestos, la sentencia de fecha 8 de mayo de 2012, dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por la sociedad mercantil ZUMA SEGUROS, C.A., contra el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS). En consecuencia: 1.- Se DECLARÓ LA NULIDAD del acto administrativo N° 1156/20 12, de fecha 26 de julio de 2012, emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS) hoy SUNDEE. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- SE REVOCA el fallo dictado el 29 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 4.- PROCEDENTE el amparo cautelar solicitado en los términos expuestos en el presente fallo. 5.- SE ORDENA la reincorporación del recurrente al cargo que venía desempeñando como Detective II adscrito a la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), o en un cargo de similar jerarquía o en su defecto en nómina, manteniéndose en todo caso las remuneraciones que genere el referido cargo, medida que se mantendrá hasta que sea dictada la sentencia definitiva en la presente controversia. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.