Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación del fallo dictado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 2 de junio de 2011, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada María Constanza Cipriani Rondón, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 22.169, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana ASIA YUSELY ZAMBRANO RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.644.646, contra el CONSEJO DE APELACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA EN CORO ESTADO FALCÓN. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3. FIRME la decisión dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en fecha 2 de junio de 2011.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, en fecha 10 de agosto de 2012, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por el ciudadano JESÚS REINALDO CEDEÑO, asistido por los abogados Héctor Ramón Velásquez Márquez y Luis Guillermo Medina, contra la sociedad mercantil PDVSA GAS, S.A., filial de Petróleos de Venezuela. 2.- PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA y en consecuencia, ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 9 de octubre de 2012, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por el ciudadano PEDRO FERNANDO MARIN, asistido por los abogados Héctor Ramón Velásquez Márquez y Luis Guillermo Medina, contra la sociedad mercantil PDVSA GAS, S.A., filial de Petróleos de Venezuela. 2.- PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA y en consecuencia, ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 2 de octubre de 2010, por el abogado Wilfredo Ernesto Contreras Rojas, actuando con el carácter de apoderado Judicial del ciudadano WILFREDO MIGUEL CONTRERAS ROJAS, titular de la cédula de identidad Nº 19.113.523 contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, de fecha 25 de septiembre de 2012, mediante la cual declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado. 2. Se declara la NULIDAD del auto dictado en fecha 23 de octubre de 2012, así como las actuaciones procesales subsiguientes a éste, con excepción del auto a través del cual se pasó el expediente al Juez ponente. 3. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente. 4.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 23 de octubre de 2012, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- Se REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiere lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia, establecido en los artículos 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo,declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer las apelaciones interpuestas contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la por el referido ciudadano, contra la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelaciónejercido por el abogado Vicente Amengual Sosa, actuando con el carácter de apoderado judicial del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua. 3.- PROCEDENTE la consulta de ley, en consecuencia: 3.1- Por razones de orden público se REVOCA el fallo dictado por el Juzgado A quo; 4.- En consecuencia, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial intentado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar, por las abogadas Nayadet Mogollón Pacheco y María Olimpia Labrador, debidamente inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 42.014 y 78.133, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la ciudadana MARÍA DEL CARMEN NOYA, titular de la cédula de identidad Nº 10.345.657, contra el acto administrativo S/N de fecha 27 de mayo de 2009, emanado de la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, mediante el cual se declaró la responsabilidad administrativa de la prenombrada ciudadana y se le impuso sanción de multa por la cantidad de doscientas setenta y cinco unidades tributarias (275 UT), equivalente a la suma de diez mil trescientos cuarenta y ocho bolívares fuertes (BsF. 10.348,00).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido. CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo apelado en relación a la caducidad del acto de remoción. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. SE ANULA PARCIALMENTE el fallo apelado en relación a la declaratoria sin lugar de la querella interpuesta contra el acto de retiro. Conociendo el fondo del presente asunto se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella,NULO la Resolución 297 de fecha 25 de agosto de 2010, Se ORDENA la reincorporación por un mes de disponibilidad con la finalidad de realizar las gestiones reubicatorias.

Esta Corte declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por las abogadas Betty Andrade Rodríguez y Nathalie Bravo actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil SANITAS DE VENEZUELA, S.A, contra el BANAVIH. 2.- ANULA todas y cada una de las actuaciones suscitadas ante el Tribunal Superior Contencioso Tributario de la Región Oriental. 3.- ADMITE la demanda interpuesta. 4.- IMPROCEDENTE la solicitud de amparo cautelar formulada por la parte demandante. 5.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte, a los fines de que revise la causal de inadmisibilidad relativa a la caducidad del recurso. 6.- ORDENA al Juzgado de Sustanciación de este Órgano Jurisdiccional abrir cuaderno separado a los fines de tramitar la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la parte recurrente, de resultar admisible la acción interpuesta.

Se dictó decisión mediante la cual se declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 13 de abril de 2011, por la representación judicial de la parte recurrida, contra el fallo dictado por el Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental de fecha 7 de abril de 2011, mediante el cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ALFREDO LIBERTO MOZO, antes identificado, debidamente asistido por los abogados Cergio Cuevas Landaeta y Maira Alejandra Colmenares Castillo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 48.023 y 78.946, respectivamente, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- CONFIRMA el fallo apelado.