La Corte Confirma la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 28 de septiembre de 2010, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

La Corte declaró IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por el abogado Francisco Paz Yanastacio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 51.225, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Gleysi Iraima Ceballos Rey titular de la cédula de identidad N° 6.439.562, en el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido contra la Resolución N° 338.10 de fecha 10 de julio de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) (hoy SUPERINTENDENCIA PARA LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO) mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por el prenombrado abogado contra la Resolución N° 108.10 de fecha 1° de marzo de 2010, que le impuso una multa por la cantidad de Treinta y Ocho Mil Setecientos Ocho Bolívares con Treinta y Tres Céntimos (Bs. 38.708,33).

Lta Corte declara COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido contra el auto dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 5 de noviembre de 2007 mediante la cual se inadmitió la prueba de informe promovida por el abogado Armando Wohnsidler, actuando en el carácter de apoderado judicial del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO JIMÉNEZ DEL ESTADO LARA, en el recurso contencioso administrativo funcionarial que sigue el ciudadano JESÚS ENRIQUE CRUZ, asistido por la abogada Maryoly Urrieta, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 104.272, contra dicho Concejo Municipal; CON LUGAR el recurso de apelación; REVOCA PARCIALMENTE el auto dictado por el iudex a quo en fecha 5 de noviembre de 2007; y en consecuencia: ORDENA admitir la prueba de informes promovida por la parte recurrida.

La Corte declaró Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, esta Corte ORDENA notificar a INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, así como a la ciudadana LOURDES CECILIA LEAL, para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, de cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión. Igualmente, quedan las partes en conocimiento de dicho requerimiento, y de ser el caso, cuenten con la oportunidad de impugnar la información que sea consignada, esto, dentro de los cinco (5) días siguientes a que conste en autos tal información, para lo cual se considera abierta la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de procedimiento Civil, de acuerdo a lo expuesto en la sentencia antes señalada.

La Corte, declara QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la Diana Padilla, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil COLGATE PALMOLIVE, C.A., contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo de fecha 26 de enero de 2011, mediante el cual providenció acerca de las pruebas de informes promovidas por la referida sociedad mercantil. SIN LUGAR la apelación interpuesta. CONFIMA el auto dictado en fecha 26 de enero de 2011, por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.

La Corte, declara Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 19 de noviembre de 2010, por la abogada Mariana García, actuando en su carácter apoderada judicial de los ciudadanos YDEGAR SEVILLA, VÍCTOR ÁLVAREZ CALDERÓN Y NORA GARCÍA, contra de la sentencia dictada el 16 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por dicha representación judicial contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO YARACUY . SIN LUGAR la apelación interpuesta; CONFIRMA el fallo dictado en fecha 16 de noviembre de 2010 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.

La Corte declara SIN LUGAR el recurso ejercido contra vías de hecho, por la sociedad mercantil INVERSIONES FULL VISIÓN, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 11 de septiembre de 1996, bajo el N° 39, Tomo 166-A-4to., contra el INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE (I.N.T.T.T.), hoy INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (I.N.T.T).

La Corte declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la abogada Delia Rojas de Ojeda, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 14.806, actuando como representante judicial de la sociedad mercantil AMERICAN AIRLINES, INC., constituida conforme las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de Norteamérica, el 11 de abril de 1934 e inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Distrito federal y Estado Miranda, en fecha 15 de julio de 1987, bajo el Nº 1º, Tomo 23-A-Sgdo, contra el acto administrativo S/N de fecha 4 de junio de 2007, notificado el 21 de junio de 2007, dictado por el INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC), mediante el cual se sancionó a la empresa recurrente con multa de Dos Mil Quinientas Unidades Tributarias (2.500 UT).

La Corte declaró La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 1º de febrero de 2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio a la relación de la causa contemplada en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte declaró La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 2 de diciembre de 2004, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia, establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.