Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano LUIS GUSTAVO LORENZO FERNÁNDEZ UZCANGA, titular de la cédula de identidad número 4.291.810, asistido por el abogado JOSE ANTONIO MÁRQUEZ, inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el Nº 65.590 contra la sentencia dictada en fecha 30 de noviembre de 2006, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR la querella funcionarial contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO TOMÁS LANDER DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRAND. 2.-DESISTIDO el recurso de apelación ejercido. 3.- FIRME el fallo dictado en fecha 30 de noviembre de 2006, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez. Así se decide.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.NO ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Superior Quinto Agrario, Civil -Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental;2.SU INCOMPETENCIA para conocer en primera instancia del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto, contra el acto administrativo emanado del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL;3.PLANTEA el conflicto negativo de competencia ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia;4.ORDENA remitir el presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- COMPETENTE para conocer la presente acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado ALEJANDRO PACHECO RAMOS, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 100.618, actuando en propio nombre y representación, contra el auto dictado en fecha 25 de febrero de 2013, dictado por el JUZGADO SUPERIOR DÉCIMO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL. 2.- INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional interpuesta.

Esta Corte dictó decisión mediantela cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta contra el fallo de fecha 10 de abril de 2006, dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana GLADYS ZULAY ARAUJO RODRÍGUEZ, contra el MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. 2. SIN LUGAR la apelación ejercida por la parte querellada. 3.- CONFIRMA en los términos expuestos, el fallo dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- COMPETENTE para conocer de la consulta de Ley con motivo de la decisión dictada en fecha 30 de abril de 2012, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ANA ROSA LEÓN DE MONTERO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2.- CONFIRMA el fallo apelado dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental en fecha 30 de abril de 2012.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el ciudadano MIGUEL ÁNGEL VÍLCHEZ BOZO, titular de la cédula de identidad N° 3.510.971, asistido por el abogado Ángel Chacín, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 34.600, respectivamente, por cobro de prestaciones sociales contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO ZULIA. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del estado Zulia, el 20 de julio de 2010. 4.- INADMISIBLE el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado.

Considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez.

Considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 18 de marzo de 2013, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo; 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa, contemplada en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.