La Corte declaró IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS requerida de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por el apoderado judicial de la sociedad mercantil ORGANIZACIÓN PAFI, C.A., en el marco de recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo S/N de fecha 8 de marzo de 2010, notificado en fecha 11 de agosto de 2010, emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), a través del cual se acordó sancionar a la referida empresa con multa por la cantidad de Dos Mil Quinientas Unidades Tributarias (2.500 U.T.), equivalentes a Ciento Treinta y Siete Mil Quinientos Bolívares Fuertes sin Céntimos (Bs. F. 137.500,00). Se ordenó notificar.

La Corte ACEPTÓ LA COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con pretensión de amparo constitucional. ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que examinara los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto, salvo la relativa a la competencia, la cual ya ha sido analizada por esta Corte, y continuara con la tramitación de la presente causa. Se ordenó la remisión de copia certificada del presente fallo al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central

Se dictó decisión en la cual se ordenó: notificar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, a los fines de que en el lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, a partir de que conste en autos la notificación del presente auto y una vez vencidos los siete (7) días continuos, que se conceden como término de la distancia, remita a este Órgano Jurisdiccional, la copias certificadas de la Diligencia suscrita por la representante judicial de la Gobernación del Estado Mérida, a través de la cual solicitó se declarara el abandono de trámite y cómputo de los días transcurridos desde la mencionada solicitud hasta el pronunciamiento realizado por el Juzgado, es decir, de los días transcurridos entre la solicitud y el auto de fecha 20 de enero de 2011, todo ello del expediente judicial contentivo de la acción de amparo interpuesta por el ciudadano Jairo de Jesús Ángulo contra la Gobernación del Estado Mérida.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por la abogada TAMARA PÉREZ DE RICHARD actuando en su nombre y representación, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.70, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil-Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 31 de mayo de 2004, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS". DESISTIDA la apelación interpuesta. FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al tribunal de origen.

La Corte declaró procedente la solicitud de reposición efectuada por el abogado José Leoncio Sánchez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 78.141, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte querellada, en fecha 4 de junio de 2009, ratificada el 2 de julio del mismo año. En consecuencia declaró: la NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 7 de abril de 2008, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el Titulo IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

CON LUGAR la inhibición presentada por la Jueza Anabel Hernández Robles, en fecha 10 de febrero de 2011, notifíquese a las partes así como también a la Jueza inhibida, de conformidad con establecido en la decisión Nº 1175 de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

CON LUGAR la inhibición presentada por la Jueza Anabel Hernández Robles, en fecha 10 de febrero de 2011, notifíquese a las partes así como también a la Jueza inhibida, de conformidad con establecido en la decisión Nº 1175 de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

LA CORTE es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado Antulio Moya La Rosa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 11.108, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana SILVIA ROSA GARCÍA RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.148.568, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de octubre de 2006, mediante la cual declaró "sin lugar" el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO presentado mediante diligencia de fecha 19 de mayo de 2008, por el abogado Antulio Moya La Rosa, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana SILVIA ROSA GARCÍA RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 5.148.568, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la R.....

CON LUGAR la inhibición presentada por la Jueza Anabel Hernández Robles, en fecha 10 de febrero de 2011, notifíquese a las partes así como también a la Jueza inhibida, de conformidad con establecido en la decisión Nº 1175 de fecha 23 de noviembre de 2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

LA CORTE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesto por la ciudadana SILVIA CHIRINOS, asistida por el abogado DANIEL BUVAT DE LA ROSA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 34.421, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de octubre de 2004, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por la recurrente, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO CHACAO. .- HOMOLOGADA la transacción celebrada el 26 de marzo de 2008 entre la ciudadana Silvia Fuentes Chirinos y el Instituto Autónomo Policía Municipal de Chacao del Estado Miranda, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 255 y 256 del Código de Procedimiento Civil.