En razón de lo cual, en criterio de quien decide, al quebrantarse el principio de inmediación en una etapa tan importante como lo es la etapa de juicio, pues en ella, el Juez obtiene y examina las actas procesales, los alegatos de las partes y su conducta, de manera de producir la sentencia lo más cercana posible a la realidad, es por lo que en etapa de juicio, debe necesariamente celebrarse la Audiencia por un sólo Juez, caso contrario deberá reponerse la causa inexorablemente.

En consecuencia, resulta forzoso para este Juzgado declarar Procedente la Solicitud de Calificación de Despido, Reenganche y Pago de Salarios Caídos; y una vez incorporada la trabajadora a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía para el momento en el cual fue despedida, deberá ajustarse su remuneración por lo menos al Salario Mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional, toda vez que constituye orden público, los salarios mínimos decretados por el ente nombrado

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la abogado María Teresa Pérez, apoderada judicial de la parte demandada, contra el Auto dictado por el Juzgado Primero de Sustanciación, Mediación y Ejecución en Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, en fecha 15/07/2005. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. TERCERO: Se CONFIRMA el Auto recurrido.

/Por lo antes expuesto, este Tribunal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ACUERDA MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano imputado EUDY JOSE ALVAREZ identificado en autos; y para los ciudadanos PABLO JOSE TORRES LISCANO, MIGUEL FERNANDO LISCANO DAZA, YOEL ERNESTO PINEDA YÉPEZ Y ANTONIO JOSE MOLLEJA, DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD, a tenor de lo establecido en el artículo 256 ordinal 3° ejusdem.

En efecto este Tribunal atendiendo los criterios transcritos ut supra, el cual acoge este Juzgador y como aun no se ha dictado una ley procesal especial que regule estas acciones, y mientras ella se promulga, es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la competente para conocer. En consecuencia se declara INCOMPETENTE para conocer del presente Recurso de Amparo y DECLINA su conocimiento ante la mencionada Sala. Así se decide, Administrando Justicia, Actuando en nombre de la República y por Autoridad de la Ley. En consecuencia remítase el presente expediente con oficio. Désele salida.

En consecuencia y, en estricto acatamiento del criterio jurisprudencial supra trascrito, este Juzgador debe declarar INADMISIBLE la acción de amparo constitucional propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por existir otra vía ordinaria idónea para el restablecimiento de la situación que se denuncia como infringida, todo ello, en aras de adecuar el trámite procedimental a la esencia de la pretensión deducida y de no desvirtuar la naturaleza especial y extraordinaria del amparo. Así se decide, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley.

Se declaro TITULO SUPLETORIO sobre la propiedad que ejerce el ciudadano RAFAEL JOSE ALVAREZ PIÑANGO, dejando a salvo los Derechos de Terceros.

SE DECLARA COMPETENTE POR EL TERRITORIO, para conocer de la presente causa. En consecuencia de declara SIN LUGAR La Cuestión previa establecida en el ordinal 1° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (incompetencia por el territorio) interpuesta por la ciudadana RAIZA MARGARITA FERREIRA BERMUDEZ. En el juicio de TACHA de documento incoada por los ciudadanos DAMELIS TERESA DE SOUSA, ELIZABETTY FERREIRA DE SOUSA, MAIKELINA FERREIRA DE SOUSA, ANTONIO FERREIRA DE SOUSA, contra la ciudadana RAIZA MARGARITA FERREIRA BERMUDEZ

D I S P O S I T I V A Por las razones anteriores, este Tribunal de Ejecución Nº 2, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE EL BENEFICIO DE REDENCIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR EL TRABAJO Y EL ESTUDIO solicitada por el penado DEIVIS PASTOR PIÑA, con cédula de Identidad No. 21.502.019, por el lapso de TRES (3) MESES, TRES (3) DIAS y SEIS (6) HORAS, de la pena que le fue impuesta. Todo de conformidad con los artículos 3º y 5º letra "b" de la Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio. Remítase copia de la presente decisión al Director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental del Estado Lara (Uribana). El Juez Segundo de Ejecución,

D I S P O S I T I V A: Por las razones anteriores, este Tribunal de Ejecución Nº 2, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE EL BENEFICIO DE REDENCIÓN JUDICIAL DE LA PENA POR EL TRABAJO Y EL ESTUDIO solicitada por el penado DEIVIS PASTOR PIÑA, con cédula de Identidad No. 21.502.019, por el lapso de TRES (3) MESES, TRES (3) DIAS y SEIS (6) HORAS, de la pena que le fue impuesta. Todo de conformidad con los artículos 3º y 5º letra "b" de la Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio. Remítase copia de la presente decisión al Director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental del Estado Lara (Uribana).