Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda declaró: - DESISTIDA la apelación interpuesta por el ciudadano NICOLÁS MATA, titular de la cédula de identidad N° 3.251.403, debidamente asistido por el abogado Edgar Escobar inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 17.746, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 13 de noviembre de 2003. En consecuencia queda, FIRME la sentencia apelada. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda declaró: DESISTIDA la apelación ejercida por el abogado por el abogado Stalin A. Rodríguez S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.650, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN BEATRIZ MUÑOZ PALACIOS, titular de cédula de identidad Nº 6.551.372,, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 5 de octubre de 2004, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En consecuencia, se declara FIRME el fallo del a quo. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

la corte Se declara COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, por los abogados Gerardo Fernández, Carlos Ayala Corao, Rafael Chavero Gazdik, Maria Alejandra Estévez y Mariana Meléndez, actuando con el carácter de apoderados judiciales del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal, en virtud del acto tácito denegatorio del recurso administrativo de reconsideración ejercido contra el acto administrativo contenido en el Oficio N° SBIF-CJ-DAU-11477 de fecha 6 de octubre de 2003, dictado por el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras, a través del cual se le participó a dicha institución bancaria que el crédito otorgado a la ciudadana Clara Esmeralda Díaz, destinado a la adquisición de vehículo con reserva de dominio, se encuentra enmarcado bajo la modalidad de "cuota balón", y en consecuencia, le ordenó la reestructuración de dicho crédito. ADMITE el recurso de nulidad inte.....

LA CORTE DECLARA DESISTIDA la apelación ejercida por la abogada Milagros Rivero, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 25.033, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MARIO PÁEZ, titular de la cédula de identidad Nº 2.957.105, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 28 de febrero de 2003 que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial contra la ASAMBLEA NACIONAL mediante la cual solicitan que se le cancele a la querellante el pago del Bono Único de Carácter no Salarial en Compensación de la no Discusión de la Contratación Colectiva acordada en las actas de fechas 7 y 15 de agosto de 1997 firmadas ante el Ministerio del Trabajo. En consecuencia se declara FIRME el fallo del a quo.

LA CORTE SE DECLARÓ INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida de suspensión de efectos; contra la Providencia Administrativa s/n de fecha 21 de diciembre de 2000, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL TIGRE Y SAN TOMÉ DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Aladino Cedeño Ruíz en contra de la Empresa accionante. ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines expuestos en la parte motiva del presente fallo.

LA CORTE DECLARÓ DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por el abogado Nelson Guevara, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte querellada, contra la sentencia dictada el 25 de agosto de 2004 por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

La Corte se declaró INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines expuestos en la parte motiva del presente fallo.

LA CORTE Se declara INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, contra la Providencia Administrativa N° 161-03 de fecha 28 de julio de 2003 dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital, Municipio Libertador, que ordenó el reenganche y correspondiente pago de salarios caídos del ciudadano Santiago Alcalá Andrade, identificado al inicio.DECLINA la competencia para conocer el presente recurso contencioso administrativo en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que corresponda previa distribución. Se ORDENA remitir el presente expediente al referido Juzgado que cumpla funciones de distribución.

LA CORTE Se declara INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto, contra la Providencia Administrativa N° 226 de fecha 29 de octubre de 2002 dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado

LA CORTE DECLARA SU INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Hernán Tomás Zamora Vera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 44.277, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano FELIX GUILLERMO SILVA BERMÚDEZ, titular de la cédula de identidad N° 1.568.023, contra la Providencia Administrativa s/n de fecha 21 de junio de 2000, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO AMAZONAS, "(...) mediante la cual se autoriza a la Lic. FRANYA J. RODRIGUEZ, Contraloría General del Estado Amazonas, para efectuar el despido de mi representado, (...) del cargo de Auditor V, adscrito a la Dirección de Control de la Administración Estadal (...)". (Mayúsculas de la parte recurrente). ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.