La Corte dictó decisión mediante la cual ORDENA NOTIFICAR al ciudadano José Jairo Canabal Velasco, para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de su notificación, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el recurso de nulidad interpuesto. En caso de que no realice respuesta, dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considerará la pérdida del interés en el recurso interpuesto.

La Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de julio de 2008, por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 27 de julio de 2007, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ ÁNGEL FLORES, asistido por la abogada Deisy Yustis Medina, contra la COMANDANCIA GENERAL DE POLICÍA DEL ESTADO CARABOBO; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; SE CONFIRMA el fallo apelado.

La Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de octubre de 2003, por el abogado José Ramón Arreche, antes identificado, actuando en representación de la parte recurrente, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 16 de octubre de 2003, el cual declaró sin lugar la recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesta por el ciudadano MIGUEL ÁNGEL ÁVILA GONZÁLEZ, contra la CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA; Se declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. Se CONFIRMA el fallo apelado.

La Corte declaró: SU COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta por el abogado Rafael Pérez Padilla, actuando con el carácter de Sustituto del Procurador General del Estado Yaracuy, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 20 de julio de 2010, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano WILFREDO JOSÉ LÓPEZ, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE HÁBITAT Y VIVIENDA DEL ESTADO YARACUY (IHAVEY); SIN LUGAR la apelación interpuesta; CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 20 de julio de 2010.

La Corte declaró: DESISTIDO del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la ciudadana Esther Sánchez de Gutiérrez, en su condición de representante de la sociedad mercantil "GRUPO H.G.-1, C.A." inscrita en el Registro de Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del Estado Miranda, en fecha 21 de septiembre de 1993, bajo el Número 76, Tomo 107- A Pro., asistida por el abogado Sergio Guerrero Villasmil, contra la Resolución S/N dictada por el CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO en fecha 7 de mayo de 2007, la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto, confirmando así la decisión según la cual dicho Instituto multó a la sociedad mercantil recurrente por el monto equivalente a quinientas (500) unidades tributarias.

Esta Corte declaró: SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Luís Ángel Ortega Vargas,actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil TRANSPORTE FERELY, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de fecha 12 de agosto de 2010, mediante la cual declaró Con Lugar la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano JULIO SIDEREGTS, asistido por la abogada Keyla Méndez; SIN LUGAR la apelación incoada; CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, de fecha 12 de agosto de 2010.

La Corte declaró: La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. REPUSO la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte declaró: QUE ES COMPETENTE para conocer la apelación ejercida por la apoderada judicial de la ciudadana ROCÍO DEL CARMEN LORA DE SÁNCHEZ, contra el auto de fecha 20 de septiembre de 2010, mediante el cual el Juzgado Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, negó la admisión de las pruebas promovidas por la parte actora en los puntos Octavo y Noveno del escrito de pruebas presentado por la misma, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana, contra el MINISTERIO PÚBLICO. SIN LUGAR la apelación interpuesta por la recurrente. CONFIRMÓ con las precisiones realizadas, el auto de fecha 20 de septiembre de 2010, dictado por el Juzgado Superior Segundo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró "inconducente" la prueba promovida por la parte actora en fecha 6 de agosto del mismo año.

La Corte declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados José Elías Pinto Ojeda y Fernando Facchin Barreto, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 22.255 y 9.896, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil SERVI-D C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 8 de abril de 2002, bajo el No. 17, Tomo 20-A, contra la Resolución N° SPPLC/0011-2006 de fecha 8 de marzo de 2006, emanada de la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA).

La Corte de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Especial de Transferencia de los Recursos y Bienes Administrados Transitoriamente por el Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Capital, ORDENÓ notificar a la ciudadana Procuradora General de la República de la presente causa, la cual se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, una vez que constara en autos dicha notificación en aplicación del lapso previsto en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Durante el referido lapso de noventa (90) días continuos la ciudadana Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, deberá manifestar la ratificación de la suspensión o su renuncia respecto del lapso restante, siendo que una vez se tenga por notificada la presente causa continuará su curso legal.