La Corte declaró QUE ES INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Claudia Oropeza Méndez, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil DOMINGUEZ & CIA, S.A., contra el acto administrativo contenido en la Certificación de Discapacidad Parcial Permanente Nº 209/10, de fecha 8 de julio de 2010, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Lara, Portuguesa y Yaracuy del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL). DECLINA la competencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad intentado, en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

La Corte declaró la NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 18 de octubre de 2010, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, excepto la correspondiente a la fundamentación a la apelación interpuesta por la abogada Eira María Torres Castro, actuando con el carácter de representante judicial del Ministerio Público, parte recurrida en este proceso. Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

La Corte declaró REVOCA, por efecto de la consulta, de conformidad con lo establecido por esta Corte mediante la decisión Número 2008-025264, la decisión proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 2 de julio de 2008, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por la ciudadana MARIA ALEXANDRA MARCADO ARAUJO, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES EXTERIORES, en consecuencia. PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial; ORDENA el pago de las prestaciones sociales de la ciudadana María Alexandra Mercado Araujo;4. Se ORDENA realizar experticia complementaria al fallo.

Se dictó auto mediante el cual se ordenó notificar a la ciudadana Alejandrina Malavé de Rodríguez, así como al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la última de las notificaciones, a los fines de que consignen información relacionada con la presente causa.

La Corte declaró Que es COMPETENTE para conocer de las apelaciones ejercidas. SIN LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la ciudadana Alicia Villalobos Durán. DESISTIDA la apelación de la sustituta de la Procuradora General de la República. Conociendo en consulta, CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo apelado y REVOCA únicamente lo expuesto por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en cuanto a la fecha para el cálculo de las prestaciones sociales ordenadas. Se ordenó la notificación.

La Corte declaró SU COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta por el abogado Nerio Castellanos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Número 18731, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte accionada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil Bienes, Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, en fecha 28 de julio de 2010, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JESÚS RAFAEL PIÑERO, titular de la cédula de identidad Nº 11.761.833, asistido por el abogado Néstor Gámez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 99.798, contra la JUNTA LIQUIDADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR. SIN LUGAR la apelación interpuesta; CONFIRMA el fallo apelado

La Corte declaró TEMPESTIVA la solicitud de ampliación de la sentencia N° 2006-1.150 dictada por esta Corte el 27 de abril de 2006, formulada el 10 de mayo de 2006, por el abogado José Flores, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano FRANK FEBRES. IMPROCEDENTE la aclaratoria solicitada. Se ordenó notificar.

La Corte declaró la NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 2 de febrero de 2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del inicio del lapso para fundamentar la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

LA CORTE declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Getulio Romero Jiménez, antes identificado, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana ELSY JOSEFINA ROMERO DE OCHOA, contra la sentencia dictada el 09 de junio de 2008 por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nro. P.A: 1310-05, de fecha 14 de octubre de 2005, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL DISTRITO CAPITAL MUNICIPIO LIBERTADOR. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la ciudadana Elsy Josefina Romero de Ochoa. CONFIRMA la sentencia dictada el 09 de junio de 2008 por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

La Corte declaró La NULIDAD PARCIAL de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículos 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.