Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Miranda, contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2015, mediante la cual se declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano GERARDO RAFAEL VILLASMIL BASTARDO, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA la sentencia apelada. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial deducido. 4.1.- ANULA la Resolución destitutoria Nº 019-2014 de fecha 9 de abril de 2014. 4.2.- ORDENA LA REINCORPORACIÓN. 4.3.- ORDENA realizar una experticia complementaria del fallo

Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró COMPETENTE para conocer la demanda contra vías de hecho interpuesta por la apoderada judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES K.M., C.A., contra la SUNDDE, ADMITIÓ la misma y ORDENÓ citar al ciudadano Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, requiriéndole que informe en un lapso de cinco (5) días de despacho contados a partir que consten en autos su citación, sobre la causa de las vías de hecho denunciada por la demandante, en el presente procedimiento. Asimismo, ordenó NOTIFICAR a la PGR y FGR. Declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada y ordenó REMITIR el presente expediente a la Secretaría de esta Corte.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana ADRIANA JOSEFINA DÍAZ FLORES, titular de la cédula de identidad Nº 6.718.101, debidamente asistida por el abogado Leonardo Ospino, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 205.055, contra la Resolución Administrativa Nº 018 de fecha 23 de enero de 2014, dictada por la CONTRALORÍA DEL ESTADO LARA, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra el acto administrativo de fecha 6 de diciembre de 2013, por medio del cual declaró la responsabilidad administrativa a la prenombrada ciudadana, y en consecuencia le impuso una sanción de multa por ciento diez Unidades Tributarias (110 U.T), equivalentes a la cantidad de ocho mil trescientos sesenta bolívares (Bs. 8.360,00).

Se dictó auto para mejor proveer mediante el cual esta Corte ordenó a la Gobernación del estado Bolívar, para que en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes, contados una vez vencidos los cinco (5) días continuos correspondientes al término de la distancia a partir de que conste en autos su respectiva notificación, consignen en original o en copia certificada el certificado electrónico de la declaración jurada de patrimonio de egreso.

Se dictó auto para mejor proveer mediante el cual esta Corte ordenó a la Gobernación del estado Portuguesa, para que en el lapso de diez (10) días de despacho siguientes, contados una vez vencidos los cinco (5) días continuos correspondientes al término de la distancia a partir de que conste en autos su respectiva notificación, consignen en original o en copia certificada el certificado electrónico de la declaración jurada de patrimonio de egreso o cese

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer y decidir las apelaciones interpuestas por los abogados Juan Nicanor, en su carácter de Sustituto del ciudadano Procurador General del estado Yaracuy y Francis Rodríguez, en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, contra los autos de fechas 21 de abril y 22 de julio de 2014, dictados por el Juzgado a quo. 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el mencionado sustituto. 3. REVOCA el auto de fecha 21 de abril de 2014. 4. NULAS las actuaciones realizadas con posterioridad a la emisión del aludido auto. 5. ORDENA al Tribunal de Instancia sentenciar la causa con vista al procedimiento contenido en autos. 6. INOFICIOSO pronunciarse en torno a la apelación interpuesta por la abogada Francis Rodríguez, actuando con el carácter de apoderada Judicial de la parte recurrente. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró DESISTIDA la demanda de nulidad ejercida por el abogado Rafael Luciano Pérez Moochett, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 27.064, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano EDGAR ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad Nº 7.929.030, contra el auto decisorio Nº FMS-UAI-DR-02-2013, de fecha 19 de diciembre de 2013 y el auto de inadmisibilidad del recurso de reconsideración de fecha 28 de enero de 2014, emanado de la Coordinación de Determinación de Responsabilidades de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN MISIÓN SUCRE, DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA.

Esta Corte declaró Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 17 de octubre de 2013, que declaró improcedente el amparo cautelar solicitado en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la Representación Judicial de la ciudadana DIENNY JAZMÍN IZARRA LUCENA, titular de la cédula de identidad Nº 4.169.446, contra la SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA; CON LUGAR la apelación ejercida; REVOCA la sentencia apelada; PROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; Se ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de la tramitación del procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta en fecha 30 de julio de 2007. INCOMPETENTE la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la parte querellante. Se ANULA la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, estado Aragua, en fecha 28 de septiembre de 2006. INOFICIOSO pronunciarse con respecto a la apelación interpuesta por la parte recurrente. DECLINA LA COMPETENCIA en el Juzgado (Distribuidor) de Juicio de Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado (Distribuidor) de Juicio de Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para que decida el presente asunto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano Guido José Querales Tigrera, titular de la cédula de identidad Nº 5.723.665, actuando con el carácter de representante legal de la ciudadana SILVIA PATRICIA QUERALES OMAÑA, titular de la cédula de identidad Nº 19.546.972, asistido por el abogado Antonio José Rosales Palma, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 220.971, contra el acto administrativo signado bajo el Nº PRE-CJ-051560, de fecha 21 de noviembre de 2014, emanado del CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), el cual confirmó la decisión mediante la cual se niega la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) correspondiente a la solicitud Nº 182032019. Se ordenó archivar el expediente.