En la medida de embargo preventivo interpuesta conjuntamente en la demanda por cobro de bolívares y ejecución de fianza presentada por la representación judicial del Ministerio del Poder Popular para la Educación contra las sociedades mercantiles Von Suckow Trade Group, C.A. y Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, C.A., esta Corte declara: 1.- Su Competencia para conocer la demanda interpuesta; 2.- Decreta medida de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la Sociedad Mercantil Von Suckow Group, C.A.; 3.- Decreta medida de embargo preventivo contra la empresa Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, C.A., 4.- Ordena Oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora; 5.- Ordena librar comisión al Juez Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; 6.- Ordena anexar copia certificada de la presente decisión a la pieza principal de la causa, contenida en el expediente judicial Nº AP42-G-2012-000063

En la regulación de competencia efectuada en fecha 27 de febrero de 2012, por el ciudadano José Luis Pérez Colmenárez, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte en fecha 24 de enero de 2012, que declinó la competencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto contra el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su competencia para conocer de la regulación de competencia planteada 2. Competente a los Juzgados Superiores del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circusnscripción Judicial del estado Carabobo 3. Ordena al señalado Juzgado Superior Contencioso Administrativo, remita al Juzgado Superior Distribuidor de los Juzgados Superiores del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circusnscripción Judicial del estado Carabobo, el expediente contentivo del recurso interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ramón Alejandro Infante, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana Herminia Elizabeth Aponte Franco, contra la sentencia dictada en fecha 2 de octubre de 2007, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Inadmisible por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Herminia Elizabeth Aponte Franco, contra la Gobernación del estado Bolivariano de Miranda, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su Competencia para conocer del recurso de apelación; 2. Sin Lugar el recurso de apelación; 3. Confirma el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por HÉCTOR OSWALDO MARÍN LOBO, titular de la cédula de identidad Nº 9.066.333, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.T.I), esta Corte declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. CONFIRMA con la reforma indicada el fallo apelado.

Esta Corte dictó auto mediante la cual: ORDENA solicitar al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, el cual asume la dirección, administración y funcionamiento de la Policía Metropolitana del Distrito Metropolitano de Caracas mediante Decreto Nº 5.814 de fecha 14 de enero de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.853 de fecha 18 de enero de 2008, con base en lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que en el lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha que conste en el expediente el recibo de la notificación a que se refiere el presente auto, remita a esta Corte copia certificada del expediente administrativo disciplinario del ciudadano Cristóbal Manuel Rivera Miranda, titular de la cédula de identidad Nº 12.846.706, quien se desempeñaba como Distinguido adscrito a la Policía Metropolitana de Caracas.

En la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada conjuntamente en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Abogado Reinaldo Fernando Freites Gámez contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº CAD-PRE-VECO-GCP-70057, de fecha 24 de febrero de 2010, emanada de la Comisión de Administración de Divisas, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró: 1. IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos; 2. ORDENA anexar el presente cuaderno separado a la pieza principal Nº AP42-G-2011-000171.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 11 de abril de 2012, por la Abogada Molera Torrealba, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano ÁNGEL ANTONIO MACHADO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 2 de abril de 2012, la cual declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el referido ciudadano, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA con la reforma indicada el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad mercantil INVERSIONES CAMIRRA, S.A., contra la Resolución Nº CNC-D-026-10 dictada en fecha 30 de octubre de 2010 por la COMISIÓN NACIONAL DE CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES, mediante la cual impuso sanción de multa de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T) a la referida empresa. Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso interpuesto, SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. Se ORDENA a la Secretaría de esta Corte, anexar copia de la presente decisión a la pieza signada bajo la nomenclatura de este Órgano Jurisdiccional AW41-X-2011-000016, el cual ordenó abrir el Juzgado de Sustanciación de este Órgano.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en decisión de fecha 7 de marzo de 2012, para conocer del recurso por abstención o carencia interpuesto por la ciudadana Alexandra Catalina Núñez de Sánchez, actuando con la condición de Vocera del CONSEJO COMUNAL "EL PEÑÓN", debidamente asistida por el Abogado Ricardo Paytuvi Brown, contra la presunta omisión de la TAQUILLA ÚNICA DE REGISTRO DEL PODER POPULAR DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓN SOCIAL. 2.- EL DECAIMIENTO DEL OBJETO por no existir materia sobre la cual decidir.