Esta Corte en aras de salvaguardar el derecho a la defensa, de conformidad con lo estatuido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y visto que la parte apelante fundamentó su apelación tempestivamente; resulta forzoso para esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declarar la nulidad de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia.

Esta Corte declara sin lugar la demanda de nulidad intentada por la empresa Cargill de Venezuela, contra el acto administrativo contenido en el Oficio Nº PRE-VPAI-CJ-104161, de fecha 28 de septiembre de 2012, dictado por la Comisión de Administración de Divisas, mediante el cual confirmó negativa de reintegro por diferencial cambiario relativo a las solicitudes de autorización y adquisición de divisas.

Esta Corte estima que el Iudex a quo al decidir el establecer un lapso de caducidad para que la parte recurrente pueda intentar nuevamente la interposición de las acciones que considere pertinentes actuó en concordancia con el principio pro actione establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantizando el acceso a la tutela judicial efectiva de las recurrentes, por lo que dicha decisión es válida y se encuentra ajustada a derecho, siendo que forzosamente debe declara sin lugar el presente recurso de apelación ejercido por la representación judicial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, y en consecuencia se declara se confirma la decisión dictada el 14 de mayo de 2013 por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Así se decide.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto el 21 de diciembre de 2005, por la ciudadana ANA LUCÍA COLASANTE MORA, titular de la cédula de identidad N° 9.245.032, debidamente representada por el abogado Néstor Darío Velazco Chacón, inscrito en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 38.709, contra las Resoluciones Nros. CM-009-2005 del 19 de mayo de 2005 y CM-019-2005 del 30 de junio de 2005, dictadas por la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DEL ESTADO TÁCHIRA, mediante las cuales se declaró la responsabilidad administrativa de la recurrente.

Esta Corte declaró: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del estado Bolívar, en fecha 17 de septiembre de 2013, para conocer de la demanda de nulidad intentada conjuntamente con amparo cautelar, por el abogado Jesús Indriago, actuando en representación de la ciudadana GRISMARY JOSEFINA JIMÉNEZ DE CARABALLO, contra el acta de fiscalización Nº 01845, de fecha 14 de noviembre de 2012, emitida por el INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS); 2.- ADMITE la presente acción en los términos expuestos; 3.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar solicitado; 4.- ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de que éste se pronuncie sobre la caducidad.

Esta Corte en aras de salvaguardar el derecho a la defensa, de conformidad con lo estatuido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y visto que la parte apelante fundamentó su apelación tempestivamente; resulta forzoso para esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declarar la nulidad de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 12 de agosto de 2013, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por cuanto la Corte observa de los autos que cursa en el presente expediente, que la parte apelante no presentó el escrito de fundamentación del recurso dentro del lapso de Ley, resulta forzoso declarar desistido el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en consecuencia, se tiene como firme el fallo dictado el 24 de enero de 2013 por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. Así se declara.

Esta Corte estima que la sentencia dictada en fecha 9 abril de 2008, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, este Órgano Jurisdiccional declara DESISTIDO el presente recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró 1.- DESISTIDO el recurso de apelación. 2.- IMPROCEDENTE la consulta de Ley con ocasión a decisión apelada, en consecuencia, queda firme el fallo dictado por el juzgado superior estadal contencioso administrativo de la circunscripción Judicial del Estado Sucre, de fecha 2 de mayo de 2013.