LA CORTE OBSERVA que desde la fecha de recibo del expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo -27 de junio de 2005-, a la fecha de la presente decisión, las partes intervinientes en el procedimiento no manifestaron interés alguno en la consulta remitida, tal inactividad acarrea como consecuencia que habiendo transcurrido los treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, debe quedar firme la decisión dictada por la Corte de Apelaciones en lo Penal, Civil, Mercantil, Tránsito, Menores y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Amazonas de fecha 25 de mayo de 2005, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo.

LA CORTE OBSERVA que desde la fecha de recibo del expediente en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de las Cortes de lo Contencioso Administrativo -18 de mayo de 2005-, a la fecha de la presente decisión, las partes intervinientes en el procedimiento no manifestaron interés alguno en la consulta remitida, tal inactividad acarrea como consecuencia que habiendo transcurrido los treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, debe quedar firme la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes el 14 de octubre de 2003, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo.

LA CORTE SE DECLARÓ COMPETENTE para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta. INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Las actas que conforman el presente expediente se observa que no existen actuaciones por realizar de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia, se ordena remitir la presente causa al Juzgado a quo, y así se decide.

Las actas que conforman el presente expediente se observa que no existen actuaciones por realizar de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia, se ordena remitir la presente causa al Juzgado a quo, y así se decide.

LA CORTE OBSERVA que transcurridos treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes, manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, debe quedar firme la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes en fecha 10 de junio de 2004, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo.

LA CORTE CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de febrero de 2004, mediante el cual se declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Wilmer Alfredo Arellano Núñez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 51.112, actuando en su carácter de apoderado judicial de ITALCAMBIO, C.A. CASA DE CAMBIO, sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 9 de septiembre de 1996, bajo el N° 26, Tomo 49-A, contra la el acto administrativo contenido en eloficio N° SBIF-GGCJ-GLO-1 de fecha 27 de enero de 2004 dictado por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS.

LA CORTE OBSERVA que transcurridos treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, y al no haber las partes intervinientes, manifestado su interés en que la consulta remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se decida, debe quedar firme la sentencia dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativa de la Región Los Andes en fecha 20 de mayo de 2004, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo.

La Corte declara SIN LUGAR la apelación interpuesta y CONFIRMA el fallo apelado en los términos expuestos.

En las actas procesales que cursan al expediente no se evidencian mayores datos de identificación del ciudadano en referencia, lo cual impide materialmente la practica de la notificación de conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. De allí que este órgano jurisdiccional estima necesario obviar la notificación del ciudadano Santiago Pérez en calidad de testigo y ordena a la Secretaría notificar del presente auto al ciudadano JOAQUÍN MORALES LEÓN, en su condición de PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA CENTURY LUKITA R.S, al ciudadano JESÚS HERNÁNDEZ, en su condición de PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INAVI), al MINISTERIO PÚBLICO, a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, e igualmente se ordena fijar la oportunidad para que se celebre la Audiencia Constitucional Oral y Pública dentro de las 96 horas siguientes a partir de la última notificación efectuada.