Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en fecha 10 de diciembre de 2013, por los abogados Ricardo Alonso Bustillo y Alfredo Almonsny, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 9.407 y 10.218, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana LEONOR GUADALUPE AMILIBIA DE HERRERA, titular de la cédula de identidad Nº 3.339.465, contra la Providencia Administrativa contenida en el Auto decisorio de fecha 10 de junio de 2013, dictada por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE AUDITORÍA FISCAL DE PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A., mediante la cual se condenó a la recurrente al pago de multa y al resarcimiento de daños por responsabilidad civil.

Esta Corte delcara: 1.- Se ORDENA la notificación de ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del vencimiento de cuatro (4) días continuos que se le conceden como el término de la distancia, los cuales comenzaran a computarse una vez que conste en el expediente el recibo de las respectivas notificaciones a que se refiere el presente auto, consigne la información solicitada. 2.- Se ORDENA la notificación del ciudadano LUIS IZARZA, a los fines de que en caso que tenga copias de las documentales solicitadas al Órgano Querellado, sean consignadas ante esta Corte y que tenga conocimiento de dicho requerimiento. 3.- Se ADVIERTE que en caso que los documentos solicitados sean consignados, la parte contra quien obren los mismos podría de estimarlo pertinente, impugnar dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que consten en autos.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: ORDENA LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN de la sentencia Nº 2010-00262, del 24 de febrero de 2010, dictada por esta Corte. 2.- ORDENA a la sociedad mercantil CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL S.A pagar la cantidad de Cien Mil Bolívares Fuertes por concepto de daño moral. 3.- Se fija un lapso de diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos la respectiva notificación de la sociedad mercantil recurrida y vencido como fuere el lapso de suspensión, la empresa ejecutada informara la forma y oportunidad en que dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo. 4.- Se ORDENA a la Secretaría de esta Corte, anexe a la referida notificación copia certificada de la sentencia Nº 2010-00262. Publíquese, regístrese y notifíquese de la presente decisión al ciudadano Procurador General de la República y a la ciudadana Fannys Coromoto Novoa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró la PÉRDIDA DEL INTERÉS y la EXTINCIÓN DEL PROCESO de la apelación ejercida el 18 de junio de 2007, por la abogada María Díaz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 101.263, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano GERARDO ALFONZO DÍAZ LÓPEZ, titular de la cédula de identidad N° 8.561.171, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Central, en fecha 1° de marzo de 2007, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el mencionado ciudadano contra la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LEONARDO INFANTE DEL ESTADO GUÁRICO". Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 7 de marzo de 2005, y ratificada el 21 de ese mismo mes y año, por el apoderado judicial del ciudadano JORGE GABINO RIVAS DÍAZ, contra el fallo dictado en fecha 3 de marzo de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, mediante el cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el INSTITUTO PUERTO AUTÓNOMO DE PUERTO CABELLO. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Por las razones antes expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 15 de abril de 2014, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, salvo el auto de abocamiento recaído en fecha 8 de mayo de 2014. 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara:1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de los recursos de apelación interpuestos, por los abogados Juan Carlos Torrealba, actuando como apoderado judicial de la recurrente y Antonio Abche Morón, actuando como Síndico Procurador Municipal del Municipio Torres del estado Lara, respectivamente, contra la sentencia dictada el 28 de abril de 2005, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, la cual declaró Sin Lugar el recurso funcionarial incoado por la ciudadana SONIA DOLORES CHIRINOS GRATEROL, contra el INSTITUTO MUNICIPAL TERMINAL EXTRAURBANO DE PASAJEROS DE CARORA (IMTERCA).2.- INADMISIBLE la apelación ejercida por la parte querellada.3.- CON LUGAR la apelación de la parte querellante.4.-Se REVOCA el fallo apelado.5.-PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso funcionarial interpuesto.6.-Se ORDENA el pago de los sueldos dejados de percibir.7.-Se ORDENA realizar experticia complementaria

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el abogado Juan Bautista Reyes Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 103.506, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN TERESA PARRA ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad Nº 13.550.175, contra la decisión dictada en fecha 22 de octubre de 2013, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la mencionada ciudadana contra el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte solicitó mediante auto para mejor proveer, al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, se sirva remitir a este Tribunal Colegiado copias certificadas de las actuaciones del Libro Diario del Juzgado de Sustanciación comprendidas desde el dos (2) de abril de 2014, al diez (10) de abril de 2014, así como del Libro de Préstamos de Expedientes llevados por el Archivo de dicho Juzgado en el lapso comprendido en las aludidas fechas, para lo cual se fija un lapso de tres (3) días de despacho contados a partir de que haya constancia del recibo de la notificación del presente fallo por el aludido Juzgado. Publíquese y regístrese. Déjese copia de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD PARCIAL auto emitido en fecha 27 de marzo de 2014, únicamente en cuanto al inicio del procedimiento de segunda instancia previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se refiere. 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de fundamentación a la apelación, contado a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes aquí ordenadas y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.