Esta Corte con fundamento en lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, SOLICITÓ al ciudadano Ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre, que remita a esta Alzada en el lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en auto su notificación, la documentación indicada en la motiva del presente fallo, así como cualquier otra documentación relacionada con la presente causa. Igualmente, se hace necesario destacar, que la omisión o retardo en la remisión a esta Corte de dicha documentación, podrá ser sancionada con multa entre cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y cien unidades tributarias (100 U.T.), conforme a lo establecido en el artículo 79 ejusdem.

Este Órgano Jurisdiccional dictó Auto para Mejor Proveer, en que el estimo necesario a los fines de una decisión ajustada a derecho, solicitar al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que consignara: i) el oficio N° 6397, de fecha 3 de septiembre de 2008, recibido en fecha 7 de enero de 2009, dictado por la recurrida y, ii) el denominado "anexo 5" del escrito de promoción de pruebas de la actora, constituido por el instrumento recibido por esta en fecha 1 de junio de 2011, para lo cual se le concedió un lapso de cinco (5) días de despacho, contado a partir de la fecha en que constara en autos la diligencia del Alguacil consignando el referido oficio de notificación debidamente firmado y sellado.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Ángel Francisco Mendoza Quintana, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES SANTURIC MT, C.A., contra la decisión dictada en fecha 21 de octubre de 2011, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró desistido el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra los siguientes actos administrativos: i) certificación signada con el Nº 0033-09 de fecha cuatro 4 de febrero de 2009; ii) el informe de dictamen pericial del 30 de marzo de 2009 y iii) certificación signada con el Nº 0138-19 del 4 de junio de 2009, todos dictados por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), órgano adscrito a la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE MIRANDA; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; y FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer en Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 11 de abril de 2012, por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado JULIO CESAR HERNÁNDEZ BADELL, actuando en su propio nombre y representación, contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM). CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 11 de abril de 2012.

En el recurso de apelación interpuesto por la Representación Judicial de la ciudadana YOLIMAR MARCANO contra la decisión de fecha 14 de septiembre de 2012, emanada del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental, mediante la cual declaró INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por la referida ciudadana en contra de la Alcaldía del Municipio Autónomo Píritu del estado Anzoátegui, esta Corte dictó fallo, según el cual declaró: 1. ACEPTAR LA COMPETENCIA y; 2. SIN LUGAR la apelación interpuesta.

Esta Corte CORRIGE el error material involuntario cometido en la sentencia Nº 2012-1451 de fecha 14 de agosto de 2012, en cuanto a la remisión del presente expediente a los Juzgados de Juicios del Circuito Judicial del Trabajo del estado Aragua, en lo que respecta a la Providencia Administrativa Nº 00838 de fecha 28 de noviembre de 2008, la cual fue dictada por la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Atanasio Girardot, Mario Briceño Iragorry, Santiago Mariño, Francisco Linares Alcantara, Costa de Oro y Libertador del estado Aragua, con sede en la ciudad de Maracay, estado Aragua, en los términos expuestos en la motiva de la decisión.