Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara la nulidad de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, en atención a lo establecido en el artículo 92 y siguientes eiusdem.

Este Órgano Jurisdiccional a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa de las partes, y en atención a lo estatuido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, declara la nulidad de todas las actuaciones suscitadas con posterioridad al auto de admisión dictado por el Juzgado de Sustanciación en fecha 8 de agosto de 2012, salvo la consignación el expediente administrativo relacionado con la presente causa, presentado el 14 de febrero de 2013, y en consecuencia, se repone la causa al estado que se notifique a las partes intervinientes de la admisión de la demanda de nulidad, para la posterior fijación de la audiencia de juicio que alude el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide. En virtud de la declaratoria que antecede, ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 25 de enero de 2005 por el abogado Víctor José Cortez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana HILDA MARGARITA MARTÍNEZ ROMERO, tcontra la sentencia proferida por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 18 de enero de 2005, mediante la cual declaró inadmisible in limine litis el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con amparo cautelar contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se REVOCA la decisión proferida en fecha 18 de enero de 2005 por el Juzgado ut supra, en consecuencia, 4.-ORDENA la remisión del expediente al Tribunal de Origen, para que se pronuncie respecto a las restantes causales de inadmisibilidad del recurso interpuesto...

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: 1.- La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 30 de mayo de 2013, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- Se REPONE la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiere lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia, establecido en los artículos 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de la parte recurrente en fecha 19 de marzo de 2013, por el abogado Kléber Argenis Agelvis Porras, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 46.233, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana TAIZZA MAGALY SALAS DE CONTRERAS, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.033.685, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 18 de marzo de 2013 mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA por diferencia de prestaciones sociales. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- SE REVOCA PARCIALMENTE la sentencia dictada. 4.- Incólume el resto de la decisión apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos realizada la abogada Catherina Gallardo Vaudo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 137.383, actuando en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE), contra el acto administrativo contenido en la Providencia Nº DEC-30-00112-2012 de fecha 5 de diciembre de 2012, notificado el 10 de enero de 2013, emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante la cual, se determinó la responsabilidad solidaria de la aludida entidad bancaria y el ciudadano José Ramón Pérez Margarit, y se les sancionó con multa de cinco mil Unidades Tributarias (5000 UT).

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 30 de octubre de 2006 por los ciudadanos GRISELDA TIRADO, ELSSI VIOLETA MANZANILLA MONTILLA y OSCAR AGUILAR, titulares de las cédulas de identidad Nros. 8.871.538, 8.146.732 y 3.284.022, respectivamente, asistidos por el abogado José Manuel Hernández Morales, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 34.464, contra la decisión dictada el 24 de octubre de 2006, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, que declaró inadmisible por caduco el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Marcos Goitia, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana EVILDA CARMEN VENERO GARCÍA, titular de la cédula de identidad Nº 18.328.943, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE LA SALUD DEL ESTADO APURE (INSALUD). 2.- CON LUGAR la inhibición propuesta. 3.- SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur.

Esta Corte declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Marcos Goitia, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana JOSEFA MADROÑERO HURTADO, titular de la cédula de identidad Nº 18.328.943, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.- CON LUGAR la inhibición propuesta. 3.- SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- la NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación. 2.- Se REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contado a partir de que conste en actas la última de las notificaciones de las partes y, por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.