Auto mediante el cual se providenció el escrito presentado en fecha dos (02) de agosto de 2011, ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Adrián Eduardo Sandia Rondón, Williams Ernesto Vázquez Rondón y Rafael Eduardo Contreras Flores, actuando en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Urbanizadora Cosapi, C.A. contra el acto contenido en la Providencia Administrativa N° 524 de fecha 09 de diciembre de 2010, dictada por el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS).

Auto mediante el cual se providenció el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los abogados Carlos M. Ayala Corao, Rafael Chavero Gazdik y Marianella Villegas Salazar, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal, contra la Resolución N° 749.09 de fecha 18 de diciembre de 2009, dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 488.09 de fecha 14 de octubre de 2009, la cual impuso una multa de sesenta y nueve mil ochocientos ochenta y ocho bolívares (Bs. 68.888,00).

Se dictó auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre las pruebas promovidas por el abogado Miguel Martínez, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Jesús Rubén Arguinsonez Escalona, asimismo, se ordenó notificar al ciudadano Procurador General de la República, al Síndico Procurador y al Alcalde del Municipio Valera del Estado Trujillo.

Auto mediante el cual se providenció el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por los abogados Rafael Guillod Troconis, María Ángels Leyba y Alejandro Muñoz Rodríguez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco Caroní, Banco Universal, contra la Resolución N° 075.10 de fecha 5 de febrero de 2010, dictada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 678.09 de fecha 11 de diciembre de 2010, la cual impuso una multa de trescientos seis mil bolívares fuertes (Bs.f 306.000,00).

Se dictó auto mediante el cual, este Juzgado de Sustanciación ordenó notificar a la ciudadana Fiscal General de la República, al ciudadano Procurador General de la República y al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), asímismo, se ordenó librar boleta al ciudadano Alberto Pulgar, a los fines de la continuación de la causa, en virtud de que la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 24 de octubre de 2011, se declaró competente para conocer del presente recurso.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación difiere para el 3er día de despacho siguiente a esta fecha la oportunidad para proveer en el presente expediente.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas por el apoderado judicial de la sociedad mercantil Banco Activo C.A., Banco Universal y ordenó la notificación del ciudadano Procurador General de la República.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la abogada Alicia Patricia Rodríguez Sánchez, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano Marcos Tulio Cabrera Coronel, contra la Resolución N° 004-2009, de fecha 16 de enero de 2009, emanada de la Comisión Nacional de Valores.

Auto mediante el cual se acordó la suspensión de la causa solicitada en la diligencia de fecha veintisiete (27) de octubre de 2011, suscrita por los abogados Pablo Solórzano Escalante, procediendo en su condición de apoderada judicial de la sociedad mercantil Constructora Costiera, C.A.y Jesús Cesín Franco, en su carácter de apoderada judicial de la Universidad Experimental de las Artes.

La Corte es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida el 28 de julio de 2003, por el abogado Jesús Cristóbal Rangel Rachadell, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Argelia Rosa Blanco de León, contra la sentencia dictada en fecha 31 de marzo de 2003, por el Juzgado Superior Tercero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, (hoy Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital), mediante la cual declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta por los abogados Jesús Cristóbal Rangel Rachadell y Luz del Valle Pérez de Martínez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ARGELIA ROSA BLANCO DE LEÓN, identificada en el encabezado del presente fallo, contra la ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA; SIN LUGAR la apelación interpuesta y CONFIRMA el fallo apelado.