La Corte DECLARA que la competencia para conocer y decidir del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto es el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. En consecuencia se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado antes referido.

La Corte CONFIRMA la sentencia dictada el 27 de noviembre de 2001, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, y ORDENA notificar al Procurador General del Estado acerca de la presente decisión.

La Corte ADMITE provisionalmente la pretensión de nulidad ejercida, declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada. REMITE el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, para que asuma la competencia en virtud de la nueva doctrina de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia n° 9/2005, de 5 de abril (Caso: Universidad Nacional Abierta), la sentencia SPATSJ 2005/1.843 de 14 de abril (Caso Inversiones Alba Due, C.A.), y la presente decisión, se advierte al Juzgado de sustanciación de esta Corte que la remisión ordenada deberá cumplirse una vez transcurridos los lapsos de apelación, y en caso de impugnación deberá abrir cuaderno separado certificado con inserción del libelo de demanda, esta decisión, la impugnación ejercida y el auto que lo provea, a los fines consiguientes.

La Corte se declaró COMPETENTE para conocer de la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, CONFIRMA la sentencia sometida a consulta y, en consecuencia, ORDENA a la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por Órgano del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA (M.I.N.F.R.A.), proceda a revisar, homologar y ajustar la pensión de jubilación del accionante.

La Corte ADMITE provisionalmente el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, INADMISIBLE la medida cautelar solicitada. REMITE el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, para que asuma la competencia en virtud de la nueva doctrina de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia n° 9/2005, de 5 de abril (caso: UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA), la sentencia SPATSJ 2005/1.843 de 14 de abril (caso: INVERSIONES ALBA DUE, C.A.). Se ADVIERTE al Juzgado de Sustanciación de esta Corte que la remisión ordenada deberá cumplirse una vez transcurridos los lapsos de apelación, y en caso de impugnación deberá abrir cuaderno separado certificado con inserción del libelo de demanda, esta decisión, la impugnación ejercida y el auto que lo provea, a los fines consiguientes.

La Corte se delcaró COMPETENTE para conocer de la pretensión de nulidad con solicitud de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos presentada, ADMITE la pretensión de nulidad antes indicada. Declaró IMPROCEDENTE la pretensión de amparo cautelar y PROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada. ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de continuar su curso de ley.

La Corte se declaró COMPETENTE para conocer el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto, y SIN LUGAR la pretensión de nulidad interpuesta.

La Corte declaró CON LUGAR la inhibición formulada por la abogada Teresa García de Cornet, Jueza Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en el juicio que por Querella Funcionarial incoada conjuntamente con Medida Cautelar Innominada sigue el ciudadano GUILLERMO ALBERTO MÚJICA, contra el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE).

La Corte declaró CON LUGAR la inhibición formulada por el abogado JOSÉ GREGORIO SILVA BOCANEY, Juez Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en el juicio que por Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad siguen los copropietarios del edificio RESIDENCIAS PARQUE ÁVILA, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO MIRANDA

La Corte se declaró COMPETENTE para conocer de la consulta de ley de la sentencia dictada por el A-quo y CONFIRMA la sentencia en cuestión.