Se dictó y publicó decisión mediante la cual se declaró competente a la CSCA, para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por la representación judicial de la parte demandante contra CADIVI, asimismo, analizadas las causales de inadmisibilidad se declaró inadmisible por caducidad.-

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se declaró competente a la CSCA para conocer la demanda de nulidad interpuesta por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil COLGATE PALMOLIVE C.A., contra la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), en tal sentido, se declaró inadmisible la referida demanda de nulidad por operar la caducidad de conformidad con el artículo 35 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 32 numeral 1 eiusdem.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Juzgado Sustanciador declaró COMPETENTE a la CSCA para cococer del presente asunto; INADMISIBLE por haber operado la caducidad en la presente demanda.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se declaro Competente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Carlos Cendres Ibarra y Diana Padilla Quintero en su carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Colgate Palmolive, C.A. contra la decisión Nº PRE-VPAI-CJ-033513 de fecha 12 de septiembre de 2011, emanada de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI); se declaró INADMISIBLE la citada demanda por haber operado la caducidad de conformidad con el artículo 35 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 32 numeral 1 eiusdem.

Auto mediante el cual se providenció el escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 26 de junio de 2012, por el abogado Lothar Stolbun Barrios, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 35.736, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Universal de Seguros, C.A., así como el escrito presentado en fecha 11 de julio de 2012, por la abogada Glenis Fuenmayor, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 84.312, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Fundación para la Infraestructura de la Planta Física Educativa del Estado Zulia (FUNDAEDUCA), mediante el cual se opone a las pruebas promovidas en esta instancia.

Auto mediante el cual se providenció el escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 21 de junio de 2012, por la abogada Glenis Fuenmayor, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 84.312, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Fundación para la Infraestructura de la Planta Física Educativa del Estado Zulia (FUNDAEDUCA).

Mediante fallo de fecha 16-07-2012, este Juzgado de Sustanciación Admitió en cuanto a lugar en derecho se refiere el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto con amparo cautelar por el Abogado Oscar Riquezes Contreras, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Gustavo Pérez Osuna, contra el acto administrativo de fecha 16 de octubre de 2009, emanado del Director de Determinación de Responsabilidad Administrativa del Estado Bolivariano de Miranda, mediante el cual se le declaró la responsabilidad administrativa del recurrente y se le impuso una multa. Y ordenó de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, a los ciudadanos Gustavo Pérez Osuna, al Director de la Oficina de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Estado Miranda, al Contralor del Estado Bolivariano de Miranda, a la Fiscal General de la República, y a la Procuradora General de la República.

Auto mediante el cual se providenció el escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 03 de julio de 2012, por el abogado Jorge Luis Socas González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 39.657, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Proyectos Técnicos y Construcciones R & E, C.A., así como el escrito presentado en fecha 11 de julio de 2012, por la abogada Glenis Fuenmayor, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 84.312, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Fundación para la Infraestructura de la Planta Física Educativa del Estado Zulia (FUNDAEDUCA), mediante el cual se opone a las pruebas promovidas en esta instancia.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- PROCEDENTE la solicitud de expropiación presentada por los representantes de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de los bienes inmueble, muebles y demás bienhechurías afectados por el Decreto Nº 4.036 de fecha 2 de noviembre de 2005, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38.313 de fecha 14 del mismo mes y año, reimpreso por error material en la Gaceta Oficial Nº 38.477 de fecha 12 de julio de 2006, y reformado mediante Decreto Nº 5.627 de fecha 3 de octubre de 2007, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.783 de fecha 4 de octubre de 2007, mediante el cual se ordenó la adquisición forzosa de los bienes que conforman el COMPLEJO INDUSTRIAL SIDEROCA-PROACERO; 2.- Se ordena REMITIR el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte, previa notificación de las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta contra los autos de fecha 7 de abril de 2011, dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano RICARDO JOSÉ VÍRGUEZ ALFONSO, titular de la cédula de identidad Nro. 645.480, contra el INSTITUTO NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (INAC). 2.- PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida. 3.- CONFIRMA con las modificaciones expuestas, el auto de fecha 7 de abril de 2011 dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, concerniente a la reposición de la causa. 4.- ANULA el auto dictado por el referido Juzgado Superior, relativo a la reforma del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.