En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano EDGAR GUADALUPE REYES MARÍN, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA, esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 3 de noviembre de 2010, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, 2.- REVOCA la sentencia consultada, 3.-SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y 4.-ORDENA al Órgano querellado, evaluar todas las circunstancias y posibilidades a los fines de otorgar al querellante el beneficio de la jubilación especial.

En la consulta del fallo dictado en fecha 12 de julio de 2010, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Ángel Eduardo Centeno Arango, esta Corte dictó auto mediante el cual declaró: Ordena a la Junta Liquidadora del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES), que informe a esta Corte dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos su notificación, la situación funcionarial del ciudadano Ángel Eduardo Centeno Arango, o de ser el caso, informe si el prenombrado ciudadano ha sido reubicado, retirado o jubilado de la Administración Pública Nacional.

En la declinatoria de competencia dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 18 de febrero de 2011, en la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Pedro Peña, actuando con el carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil OPTIPEÑA C.A., contra la JUNTA ADMINISTRADORA DEL CENTRO COMERCIAL ALMACENES MILITARES I.P.S.F.A DEL ESTADO ARAGUA. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: NO ACEPTÓ LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA; DECLINÓ la competencia al Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua; ORDENÓ remitir el presente expediente al referido Juzgado Superior.