En el recurso de nulidad interpuesto por los Abogados Rafael Badell y Álvaro Badell, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de BANCO MERCANTIL, C.A.. (ahora denominada MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL), contra la Circular Nº SBIEF-GGCJ-GALE-03975 de fecha 24 de marzo de 2004, y la Resolución Nº 049-05 de fecha 2 de marzo de 2005, emanadas de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), esta Corte dictó decisión que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Francisco Limonchy, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano RAÚL AQUILES LUGO, contra la sentencia de fecha 8 de noviembre de 2005, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el señalado ciudadano, contra la "Providencia Administrativa dictada el 18 de marzo de 2005", por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMÓ el fallo apelado con la reforma indicada, en la motiva de la presente decisión.

En la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos DIXON ALEXANDER GUILLÓN MARÍN y NELSON DAVID CARMONA MAYORA, contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2010, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL, esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer la acción de amparo constitucional interpuesta por el Abogado José Ángel Ruiz, Apoderado Judicial de los ciudadanos DIXON ALEXANDER GUILLÓN MARÍN y NELSON DAVID CARMONA MAYORA, contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2010, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL y 2.- INADMISIBLE de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo constitucional interpuesta.

En la Consulta de ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 26 de noviembre de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano OMAR JAVIER PACHECO, asistido por el Abogado Frederick Antonio Díaz Viera, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer la Consulta de ley; CONFIRMÓ la sentencia dictada por el Juzgado A quo sometida a consulta.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano PABLO MARTÍNEZ TORREZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES), esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la apelación ejercida en fecha 13 de octubre de 2011, por el Apoderado Judicial de la parte querellante, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 13 de julio de 2010, mediante el cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la parte querellante y 3. CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 13 de julio de 2010, mediante el cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso interpuesto.

En el recurso de apelación ejercido por el Apoderado Judicial del ciudadano Yoel Fernández, contra la sentencia de fecha 18 de noviembre de 2009, dictada por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, mediante la cual declaró Improcedente la acción de amparo constitucional incoada por el referido ciudadano, contra la Sociedad Mercantil COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA, C.A,. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido; CON LUGAR el recurso de apelación; REVOCÓ la sentencia impugnada; CON LUGAR la acción de Amparo Constitucional; ORDENÓ a la sociedad mercantil Complejo Siderúrgico de Guayana, C.A., el cumplimiento inmediato de lo decidido por la Inspectoría del Trabajo "Alfredo Maneiro" de Puerto Ordaz, estado Bolívar, en la Providencia Administrativa Nº 2009-0067; ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado de origen.

En el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Yuvenni Aular, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano FERNANDO JOSÉ VELÁZCO, contra la sentencia de fecha 16 de enero de 2006, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Abogado Francisco Limonchy, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del referido ciudadano, contra la "Providencia Administrativa dictada el 18 de marzo de 2005", por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMÓ el fallo apelado con la reforma indicada.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana LUISA MATILDE MORENO CHALO, contra el SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS, esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por El Abogado José Gregorio Figueroa Mayorca, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS, contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2010, dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil - Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur- Oriental, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación y 3.- FIRME el fallo apelado.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Sociedad Mercantil C.A. SINDICATO LOS GUAYABITOS contra el acto administrativo contenido en el Oficio No. 170, de fecha 16 de enero de 2004, emanado del DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS Y NOTARÍAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, esta Corte declaró: se ORDENA a la Secretaría de esta Corte libre oficio a la Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro de la Alcaldía del Municipio Baruta del estado Miranda, a los fines de que en un plazo de quince (15) días de despacho contados a partir de la notificación del presente auto, consigne Informe contentivo del Estudio de Tradición Legal del Inmueble comprendido en los linderos establecidos en el documento de "Aclaratoria" del documento de compra venta, el cual corre inserto a los folios cuarenta y uno (41) al cuarenta y nueve (49) del expediente judicial de la presente causa, cuya copia certificada se anexará a la notificación del presente auto.

En el recurso de apelación interpuesto por la Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil PUERTOS DEL LITORAL PLC, S.A., contra la sentencia dictada en fecha 06 de agosto de 2009, por el Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el Abogado Carlos Reverón Boulton actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la referida Sociedad Mercantil contra la Providencia Administrativa Nº 118/07 de fecha 30 de abril de 2007, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; FIRME el fallo dictado en fecha 06 de agosto de 2009, por el referido Juzgado Superior.