Se dictó decisión mediante la cual esta Corte Segunda: 1. Declaró su incompetencia para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con pretensión de amparo constitucional, interpuesto por los abogados Jenny de los Ángeles Pinto Coello y José Rafael Córdova Córcega, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 54.543 y 9.338, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la FUNDACIÓN HOSPITAL ESTADAL LOS SAMANES, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa s/n de fecha 8 de octubre de 2002, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ARAGUA; 2. Ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central. Se ordenó notificar a las partes y al Tercero.

LA CORTE DESISTIDA la apelación interpuesta por la abogada Solangel Martínez González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 73.586, sustituta de la Procuradora General de la República actuando en su carácter de apoderada judicial del MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 22 de julio de 2004, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana LUCILA IGLESIAS, titular de la cédula de identidad Nº 7.953.862, asistida por el abogado Virgilio Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9.162, contra el acto de remoción y retiro S/N de fecha 30 de junio de 2003, dictado por la ciudadana Carmen Aurora Marcano, Registrador Mercantil II mediante la cual se le separa del cargo de Oficinista en el prenombrado Ministerio. En consecuencia, .....

LA CORTE DECLARA DESISTIDA la apelación interpuesta por la abogada Ironú Mora, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 89.828 actuando en su carácter de Sustituta del Procurador del Estado Zulia, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en fecha 30 de abril de 2004, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano TIBALDO JOSÉ RINCÓN PEROZO, titular de la cédula de identidad Nº 4.521.828, asistido por el abogado Gabriel A. Puche Urdaneta, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 29.098, contra la actuación material de fecha 20 de octubre de 2000 realizado por la Directora del SERVICIO AUTÓNOMO DE VIALIDAD DEL ESTADO ZULIA (S.A.V.I.E.Z) mediante la cual fue removido del cargo de Gerente de Concesiones Viales. En consecuencia se declara FIRME el fallo del a quo.

LA CORTE DECLARA DESISTIDA la apelación ejercida. En consecuencia, se declara FIRME el fallo del a quo.

DESISTIDA la apelación interpuesta por la abogada Solangel Martínez González, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 73.586, sustituta de la Procuradora General de la República actuando en su carácter de apoderada judicial del MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 22 de julio de 2004, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana LUCILA IGLESIAS, titular de la cédula de identidad Nº 7.953.862, asistida por el abogado Virgilio Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9.162, contra el acto de remoción y retiro S/N de fecha 30 de junio de 2003, dictado por la ciudadana Carmen Aurora Marcano, Registrador Mercantil II mediante la cual se le separa del cargo de Oficinista en el prenombrado Ministerio. En consecuencia, se declara.....

1 LA CORTE SE DECLARA.- INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada por los abogados Luis Ramón Bermúdez Rada y Juan Rafael Perdono Bazan, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 56 y 87.361, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Organización Sindical "SINDICATO DE TRABAJADORES HELADERÍAS Y SUS SIMILARES DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA, inscrito ante el Ministerio del Trabajo, por medio de la Inspectoría del Trabajo del Distrito Capital, bajo el N° 351 en fecha 1 de julio de 1958,

La Corte declaró SU INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos y ORDENA la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de que decida cuál es el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente causa.

1. LA CORTE DECLRARA - INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por la abogada Nubia Carmenza Zambrano Muñoz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 25.280, en su carácter de apoderada judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL "COMPAÑÍA ANÓNIMA INDUSTRIAL DE PESCA" (CAIP), contra la Providencia Administrativa de fecha 29 de noviembre de 1999, emanada de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO SUCRE. .- ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines expuestos en la parte motiva del presente fallo. .- ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines expuestos en la parte motiva del presente fallo. fallo. .- ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia .....

LA CORTE DECLARA DESISTIDA la apelación interpuesta por la abogada Noraida Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 60.127, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PLAZA EN EL ESTADO MIRANDA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 29 de septiembre de 2003, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En consecuencia, se declara FIRME el fallo del a quo.

lLA CORTE DECLARA DESISTIDA la apelación interpuesta por la abogada Andreína Yegres, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 78.966, actuando en su carácter de sustituta de la Procuradora General de la República contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 26 de julio de 2004, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta por la ciudadana LUISA JOSEFINA BLANCO VELÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº 2.665.230 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 15.366, actuando en su propio nombre y representación, contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), por diferencias de prestaciones sociales y reajuste de la pensión de jubilación. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada. Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvase el expediente al .....