La Corte CONFIRMA la sentencia emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital de 09 de diciembre de 2003, la cual declaró con lugar la pretensión de amparo constitucional incoada por los ciudadanos RAMÓN GONZÁLEZ PAREDES, MARIO TORREALBA LOSSI y MIGUEL GARCÍA TAMACKLE, en su condición de Individuos de Número de la Academia Venezolana de la Lengua Correspondiente de la Real Academia Española, contra de los ciudadanos OSCAR SAMBRANO URDANETA, ALEXIS MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, MANUEL BERMÚDEZ, LUÍS PASTORI, HÉCTOR PEDREAÑEZ TREJO, BLAS BRUNI CELLI y EFRAÍN SUBERO, Individuos de Número de la misma corporación, ya identificados, por violación del derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La Corte se declaró COMPETENTE para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por los ciudadanos AGUSTÍN RODRÍGUEZ y CRUZ HERNÁNDEZ, ADMITE el mencionado recurso contencioso administrativo de nulidad, y PROCEDENTE la pretensión de amparo constitucional cautelar, en consecuencia se SUSPENDE los efectos del acto administrativo impugnado.

Auto ORDENANDO la corrección del escrito libelar.

La Corte se declaró COMPETENTE para conocer de la pretensión de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ERNESTO RAFAEL DIAZ SILVA. E INADMISIBLE in limine litis la pretensión de amparo constitucional interpuesta.

Se CONFIRMA la sentencia dictada el 19 de febrero de 2004, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, mediante la cual declaró CON LUGAR la pretensión de amparo constitucional interpuesta la ciudadana YOSMAR CAROLINA GARCÍA DUARTE contra la omisión de la sociedad mercantil XIBERDATA SYSTEMS, C.A., en ejecutar la Providencia Administrativa N° 22 dictada el 03 de junio de 2003, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN EL ESTADO ZULIA, SEDE CABIMAS, ORDENA a la empresa anteriormente identificada, dar cumplimiento inmediato al contenido de la Providencia Administrativa. Se condena al pago de las costas procesales a la parte accionada.