Se dictó y publicó decisión en la cual se declaró competente a esta Corte para conocer la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Fidel Alejandro Montañez Pastor, apoderado judicial de los ciudadanos Bernardo Velutini Octavio y Rafael Gallegos Santaella, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 128-11 de fecha 29-04-2011, dictada por la Sudeban; admitió dicho recurso; ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General, Procuradora General, Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario y Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas. Igualmente, se ordenó remitir a la Corte una vez que conste las notificaciones el expediente, a fin de fijar la oportunidad para la celebracion de la audiencia de juicio. Finalmente, se acordó abrir cuaderno separado y remitirlo a la Corte a los fines del pronunciamiento de la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada, por cuanto no corresponde a este Juzgado.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual declaró:1) Competente para conocer de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por el apoderado judicial de la ciudadana Berenice Merlin Alvarado de Tovar, contra el acto administrativo dictado por la Contralora General del estado Lara, en fecha 09 de diciembre de 2010; 2) Admitió la demanda; 3) Ordenó notificar a los ciudadanos Fiscal General de la República, Procuradora General de la República, Contraloría General de la República y Contraloría General del estado Lara; 4) Ordenó, solicitar los antecedentes administrativos del caso; 5) Se deja establecido que una vez consten en autos las notificaciones ordenadas se remitirá el expediente a la CSCA para fijar la audiencia de juicio; 6) Finalmente, se acordó abrir cuaderno separado, a los fines de tramitar la suspensión de efectos solicitada.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Tribunal proveyó los escritos de pruebas presentados por las partes de la siguiente manera: En relación al escrito presentado por la apoderada judicial de la parte actora, no constituye per se un medio de prueba alguno, por cuanto la abogada en cuestión realiza una serie de consideraciones, afirmaciones y defensas, sin promover los medios de pruebas contemplados en el artículo 395 y siguientes del Código de Procedimiento Civil por lo tanto, en virtud del principio de exhaustividad contemplado en el artículo 509 del Codigo de Procedimeinto Civil, corresponderá a la Corte la apreciación y valoración de los referidos alegatos en la sentencia definitiva.En relación al escrito presentado Síndico Procurador del Municipio Carrizal del estado Miranda, en el que promovió la documental denominada Manual Descriptivo de Cargos en copias certificadas, se señaló que las mismas no son manifiestamente ilegales, impertinentes, en consecuencia se admite.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por el apoderado judicial de la parte actora y del escrito de oposición presentado por la apoderada judicial de la demandada, de la siguiente manera: Improcedente la oposición formulada por la parte demandada; En cuanto al mérito favorable de los documentos indicados en los num. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, del Cap. I, las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva y por cuanto dichos instrumentos cursan a los autos, manténganse en el exp.; En cuanto a las documentales promovidas en el Cap. II particulares 1º y 2º, las admite cuanto en derecho se requiere por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se declaró la caducidad del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto con amparo cautelar, por el apoderado judicial de la Sociedad Capital de Riesgo Venezuela C.A. (SCR), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, contra la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), hoy Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Asimismo, se ordenó notificar la decisión a los ciudadanos Presidente de la Sociedad de Capital de Riesgo Venezuela C.A. (SCR), FGR, Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario, PGR, Ministro del Poder Popular para la Planificación y Finanzas.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por la apoderada judicial de la parte demandada de la siguiente manera: En cuanto al mérito favorable de los autos se advierte que se ha sostenido reiteradamente que no es medio de prueba alguno, pues el Juez está obligado a pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en las actas, lo que configura una invocación al principio de exhaustividad, previsto en el art. 509 del CPC. Por tanto, corresponderá a la CSCA en la sentencia de fondo, la valoración de la totalidad del expediente; En cuanto a la prueba de informes del Cap. II, la prueba de Exhibición del Cap. III y la prueba de Experticia del Cap. IV, las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva.