Segunda de lo Contencioso Administrativo, en consecuencia procédase al archivo del expediente, previa entrega del original del instrumento poder inserto en el referido expediente, conforme a solicitud formulada por la abogada María Hidalgo García en su carácter de autos y así se decide.

La corte Se declara INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Maribel Trujillo Figuera, actuando en su carácter de apoderada judicial de la Comisión Liquidadora de la Corporación de Turismo de Venezuela, contra la Providencia Administrativa de fecha 24 de mayo de 2002, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida, mediante la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano Jesús Albeiro Paredes Molina. ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

L acorte Se declara INCOMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por el abogado Carlos De Luca García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Licores La Macuteña, S.R.L., contra la Providencia Administrativa N° 197/03 dictada en fecha 6 de junio de 2003, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Vargas.. DECLINA la competencia para conocer del referido recurso en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital al cual corresponda previa distribución y, en consecuencia, ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital con funciones de distribución.

La corte Se declara INCOMPETENTE para conocer y decidir el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por el abogado Carlos De Luca García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Licores La Macuteña, S.R.L., contra la Providencia Administrativa N° 197/03 dictada en fecha 6 de junio de 2003, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Vargas.DECLINA la competencia para conocer del referido recurso en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital al cual corresponda previa distribución y, en consecuencia, ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital con funciones de distribución.

La corte declara DESISTIDO el recurso de apelación ejercido por el abogado Emilio Segundo Barroeta Guillen, al inicio identificado, contra la sentencia dictada el 2 de septiembre de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial. En consecuencia, se declara FIRME la sentencia apelada.

La corte Se declara INCOMPETENTE sobrevenidamente para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar por la abogada Flavia Zarins Wilding, actuando en su condición de co-apoderada judicial de la sociedad mercantil C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C.A (CVG VENELUM), identificados al inicio contra el acto administrativo de fecha 22 de septiembre de 1999, emanado de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DE LA ZONA DEL HIERRO DEL ESTADO BOLIVAR, mediante el cual se ordenó el reenganche y el pago de los salarios caídos.ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que sea resuelto el conflicto negativo de competencia planteado.

La Corte SE DECLARA INCOMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Reysa Arleni Saez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 94.155, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano WOLFANG JAVIER LEAL YORIS, titular de la cédula de identidad N° V-12.732.282, contra la Providencia Administrativa N° 12-04 dictada en fecha 19 de agosto de 2004 por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN SANTA ANA DE CORO DEL ESTADO FALCON, mediante la cual declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por el recurrente contra la sociedad mercantil MANUFACTURAS KOCORO, C.A.DECLINA la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental.ORDENA la remisión del expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, a los fines consiguientes

La Corte se declaró INCOMPETENTE para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto. DECLINA la competencia para conocer del referido recurso en el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital al que corresponda por distribución. ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que cumpla funciones de distribución.

La Corte se declaró INCOMPETENTE para conocer y decidir el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con suspensión de efectos. DECLINA la competencia para conocer del referido recurso en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental.

Al respecto, observa esta Alzada que transcurridos como han sido los treinta (30) días siguientes a la publicación de la sentencia transcrita ut supra en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220 de fecha 1° de julio de 2005, sin que las partes intervinientes hubieren manifestado su interés en que fuese decidida la consulta a la que se encuentra sometida la decisión dictada el 13 de septiembre de 2004 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, remitida a esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo mediante el Oficio N° 898 de fecha 1° de junio de 2005, queda firme el citado fallo, razón por la cual se ordena la remisión del expediente al Juzgado a quo, todo ello en virtud de la doctrina jurisprudencial sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.