Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Hugo Mijares Flores y Lisbeth Palma Bermúdez, ut supra identificados, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano RAFAEL ERNESTO SALOMÉ ARROYO PRIETO, contra el acto administrativo de efectos particulares identificado con la nomenclatura SIB-DSB-CJ-PA-24208 de fecha 29 de agosto de 2016, dictado por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN) y, en consecuencia, declara: 1- NULO el acto administrativo contenido en la Resolución SIB-DSB-CJ-PA-24208 de fecha 29 de agosto de 2016, emitida por la Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN).

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto el 26 de abril de 2018, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Noveno Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital en fecha 18 de abril de 2018, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Daniel Rosas Rivero antes identificado, actuando en representación del ciudadano RICHARD HERNANDO POLO AGUILAR, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO POLICÍA MUNICIPAL DE CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3.- CONFIRMÓ el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró que a los fines de resolver la presente consulta, con fundamento en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, estima pertinente solicitar a la Gobernación del estado Bolivariano de Miranda, que consignen copia certificada del expediente administrativo u otras pruebas relativas a lo pretendido por la accionante; ello, a los fines de resolver la consulta suscitada.

Esta Corte Segunda declara: 1. Su COMPETENCIA, para conocer del recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra el fallo dictado en fecha 16 de diciembre de 2013 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano ADRIAN ALBERTO URBAYO LAYA, titular de la cédula de identidad Nro. 10.621.042, en su contra. 2.ANULA el auto dictado por esta Corte en fecha 13 de octubre de 2014, mediante el cual se dio cuenta del recibo del presente expediente.3.ANULA el auto dictado en fecha 30 de septiembre de 2014, por el Juzgado a quo que declaró intempestivo el recurso de apelación interpuesto por el querellante. 4.REPONE la causa al estado en que el referido Juzgado, oiga las respectivas apelaciones

Esta Corte dictó auto para mejor proveer mediante el cual acordó oficial al Ministeio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y al Procurador General de la República para que en el lapso de 5 días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado la ultima de las notificaciones consigne el expediente administrativo de la ciudadano Noris Milagros Pérez de Izturiz

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.SU COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior Civil (Bienes) Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, de fecha 8 de diciembre de 2017, mediante el cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Wilfredo Chompré Lamuño y Luis Arturo Hidalgo inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros.34.179 y 87.343 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano WILMER JOSÉ DESIDERIO RAMÍREZ titular de la cédula de identidad Nro. 16.940.874, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS. 2.CONFIRMA el fallo dictado en fecha 8 de diciembre de 2017, por el Juzgado Superior Civil (Bienes) Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Barinas

En la presente demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad;CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta; LA NULIDAD PARCIAL de los actos administrativos dictados por el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) en fecha 6 de octubre de 2010, mediante los cuales, se les otorgó el registro de la marca "ECOMURO" a la sociedad mercantil Ecogreen Construcciones, C.A;NULOS los registros S046678, S046679, S046680, P305951, N051119, P305952, P305953 y S046706 correspondientes a la marca denominativa "Ecomuro", a favor de la sociedad mercantil Ecogreen Construcciones, C.A.

En el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, esta Corte Primera en lo Contencioso Administrativo dictó sentencia mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 9 de diciembre de 2013, por la Apoderada recurrida Nayibi Peraza, contra la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2013, dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con medida de amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, interpuesto por la Abogada Marisol Da Vargem Da Silva, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano OMAR FARÍAS LUCES, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO MIRANDA; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA CON REFORMA el fallo apelado.