INMOBILIARIA UVA DE PLAYA, C.A Vs. C.A. METRO DE CARACAS.- Se dicto y publicó decisión mediante la cual se proveyó el escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte demandante de la siguiente manera: en relación al mérito favorable se advirtió que lo que consta en autos no constituye medio de prueba sino que está dirigido a la apreciación de los ppos. de la comunidad y de exhaustividad previsto en el artículo 509 del CPC; en relación a las documentales se admitieron en cuanto ha lugar en derecho se refiere por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes; en relación a la inspección judicial se admitió por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente, salvo su apreciación en la definitiva. Por otra parte, se negó por ilegal la promoción del Decreto Ley promovido; y en relación a la resolución promovida por no constar en autos ni haber sido consignada no se emitió pronunciamiento.-

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de las pruebas promovidas en fecha 11 de junio de 2013, con ocasión de la celebración de la audiencia de juicio, por el abogado Enrique Sánchez Falcón, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 4.580, actuando con el carácter de apoderado judicial de las ciudadanas Rosa Olinda Suárez de Navas, Carmen Rosa Velásquez y Morelba Caña.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de las pruebas promovidas en fecha 27 de junio de 2013, por la abogada Emma G. Salas M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 124.688, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.

Resolución de fecha 03 de julio de 2013 mediante la cual este Juzgado de Sustanciación se pronuncia acerca de la admisibilidad de las pruebas promovidas durante la celebración de la audiencia de juicio celebrada en fecha 11 de junio de 2013, en el expediente Nº AP42-G-2012-001063 contentivo de la demanda de nulidad interpuesta con medida cautelar de suspensión de efectos por los Abogados Álvaro Badell Madrid, Nicolás Badell y María Verónica Bastos, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 26.361, 83.023 y 154.718, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Packfilm de Venezuela, C.A. contra la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), declarándose las mismas admisibles y ordenándose notificar al ciudadano Procurador General (E) de la República de la admisión de las pruebas promovidas.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de la prueba de inspección judicial promovida en fecha 18 de junio de 2009, por el abogado Gustavo Adolfo Medina Fagúndez, actuando en su nombre.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación estimó que la competencia para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano GREGORY LORENZO CARMONA FLORES, debidamente asistido por la Abogada Francis Cabrera, contra el Consejo Disciplinario de la Región Central del CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.IC.P.C), corresponde a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se ordenó pasar el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso administrativo, a los fines de que dicte la decisión a que haya lugar.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO, del recurso de apelación, solicitado en fecha 23 de septiembre de 2008, por la abogada Zhonsiree Vásquez Nieves, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 118.349, actuando con el carácter de apoderada judicial del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital, contra la decisión de fecha 29 de septiembre de 2003, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por la ciudadana Isabel Teresa Castro de González, representada judicialmente por la abogada Felicia Katiusha Hernández, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 32.172, contra la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador del Distrito Capital.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto la sociedad mercantil DEL SUR BANCO UNIVERSAL C.A., representada judicialmente por el abogado Carlos Eduardo Carrillo, contra el acto administrativo contenido en la comunicación S/N de fecha 7 de mayo de 2007, el cual fue notificado en fecha 4 de agosto de 2007, emanado del Consejo Directivo del INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (ahora INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS), mediante el cual se declaró sin lugar el recurso jerárquico ejercido y se confirmó la decisión del 26 de noviembre de 2003, que sancionó con multa de Dos Mil (2.000) días de salario mínimo a dicha empresa. Se ordenó notificar a las partes.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual ORDENA NOTIFICAR al ciudadano Eustacio Aguilera, para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de la notificación respectiva, si conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el recurso de nulidad interpuesto. En caso de que no realice respuesta dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considerará la pérdida del interés en el recurso interpuesto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación; 2.- Se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes del presente fallo, para que una vez que conste en autos la última de las notificaciones, la parte accionada dé contestación a la fundamentación de la apelación, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.