En la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la decisión dictada en fecha 22 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano PEDRO HERIBERTO GONZÁLEZ, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. Esta Corte dicto sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la consulta; 2.- CONFIRMÓ la sentencia objeto de consulta.

Se dictó decisión en la cual esta Corte declaró: La NULIDAD del auto de fecha 22 de mayo de 2013, emitido por este Órgano Jurisdiccional. Se ORDENA reponer la causa al estado que el Juzgador A quo realice las actuaciones necesarias para notificar a las partes, de la remisión a esta Corte del presente expediente, en virtud del recurso de apelación interpuesto.

En el recurso de apelación ejercido en fecha 12 de febrero de 2007, por la Sustituta de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en fecha 19 de diciembre de 2006, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Gobernación Del Estado Monagas, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró la nulidad parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 25 de mayo de 2007, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. Asimismo, ORDENA la reposición de la causa al estado, que la Secretaría de esta Corte notifique a las partes de la remisión a esta Corte del presente expediente, en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 2 de marzo de 2007.

En la demanda por daños y perjuicios materiales y morales interpuesta por el Abogado Marco Román, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano ERIC ALFREDO MAIDANA CAMPOS, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ORTIZ DEL ESTADO GUÁRICO, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta ; 2- ORDENÓ el pago de la indemnización por daño emergente por la cantidad de dieciocho mil setecientos sesenta y cuatro Bolívares Fuertes con ochenta y tres Céntimos (BsF. 18.764,83); 3- PROCEDENTE la indexación solicitada, sobre el daño emergente, la cual será delimitada mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil; y 4- ORDENÓ el pago por la cantidad de Quinientos Mil Bolívares Fuertes (BsF.500.000) de indemnización por daño moral, y deberá ser cancelada por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO ORTIZ DEL ESTADO GUÁRICO al ciudadano ERIC ALFREDO MAIDANA CAMPOS.

En los recursos de apelación interpuestos por la Apoderada Judicial del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (I.P.S.F.A.), y por el Apoderado Judicial del ciudadano Luis Velásquez Luque, contra la decisión de fecha 9 de enero de 2007, dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Luis Velásquez, contra el referido instituto, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su competencia para conocer el recurso de los recursos de apelación interpuestos; 2. Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de la parte actora; 3. Anula el fallo apelado; 4. Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado David Plaza, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos MÓNICA LISSETTE CUARTAS BRITO, JUAN CARLOS URIBE PÉREZ, ROBIN ENRÍQUEZ REYES REBOLLEDO y FRAN JOSÉ SALAZAR NATERA, contra la sentencia dictada en fecha 1º de julio de 2009, por el Juzgado Superior Sexto de lo contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los Apoderados Judiciales de los referidos ciudadanos, contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC); SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA en los términos expuesto en la motiva del presente fallo, la sentencia apelada.

En el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Alexander Gallardo Pérez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 18 de abril de 2013, por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Consumada la Perención y extinguida la instancia, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los Abogados Alexander Gallardo Pérez y Oscar Guilarte Hernández, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano JOSÉ LUIS VÁSQUEZ ÁLVAREZ, contra la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN), esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su Competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. Desistido el recurso de apelación interpuesto; 3.- Firme el fallo apelado.-

En el recurso de apelación interpuesto por la Representación Judicial de la parte actora, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, de fecha 19 de septiembre de 2012, mediante el cual declaró Consumada la Perención y en consecuencia Extinguida la Instancia, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. La Nulidad del auto de fecha 28 de mayo de 2013, 2. Ordena la reposición de la causa al estado de que el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón notifique a las partes de la remisión del expediente a esta Corte.

En el recurso de apelación interpuesto conocer por la Abogada Margarita Fernández, actuando con el carácter de Sustituta del Procurador General del estado Monagas, contra la sentencia dictada en fecha 12 de junio de 2006, por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil (Bienes) de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo contencioso administrativo de la Región Sur Oriental, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana LUISA VÉSPOLI DE GARCÍA, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MONAGAS, esta Corte dicto sentencia y declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación. 2. HOMOLOGA la transacción celebrada en la presente causa. 3. INOFICIOSO emitir pronunciamiento sobre el recurso de apelación ejercido.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada. IMPROCEDENTE las medidas cautelares innominadas solicitadas por la parte actora. Se ORDENA agregar copia certificada de la presente decisión al expediente signado bajo la nomenclatura Nº AP42-G-2013-000010.