Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- ACEPTA la competencia declinada en fecha 26 de junio de 2013, por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en relación a la Demanda de Nulidad interpuesta por el ciudadano IGNAZIO MODUGNO MODUGNO, contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARIAS (SAREN), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz al no pronunciarse en cuanto al recurso jerárquico incoado contra la negativa registral al documento de trámite 228.2012.3.194 de fecha 26 de julio de 2012, emanado del Registro Público de los Municipios Brión y Buroz del estado Miranda. 2.- SE REMITE el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que se pronuncie acerca de las causales de inadmisibilidad.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 1 de octubre de 2013, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de fundamentación de la apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

1.- VÁLIDO el escrito de fundamentación de la apelación presentado en fecha 8 de marzo de 2005, por la parte apelante.2.- La NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al lapso de fundamentación a la apelación, salvo el auto dictado en fecha 12 de junio de 2013.3.- REPONE la causa al estado de iniciar el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación, contando a partir de que conste en autos la última de las notificaciones de las partes, y por consiguiente, la continuación del procedimiento de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogada Milagros Rivero Otero, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MÓNICA DELGADO, contra la sentencia de fecha 27 de marzo de 2003, dictada por Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar la querella funcionarial interpuesta contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la ASAMBLEA NACIONAL. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada.

1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Jesús Rangel Rachadell, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LIPZI MARGOT HERRERA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Inadmisible la querella interpuesta contra la ASAMBLEA NACIONAL. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.- CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 11 de marzo de 2003.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la ciudadana Keila Pérez Rodríguez, contra la decisión de fecha 25 de septiembre de 2013, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró inadmisible la acción de Amparo Constitucional conjuntamente con Medida Cautelar, interpuesta por la Presidenta del SINDICATO VENEZOLANO DE MAESTROS DEL ESTADO VARGAS (SINVEMAVA), y por las apoderadas de la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE MAESTROS. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta, 3.- CONFIRMA la decisión emanada del referido Juzgado Superior, en fecha 25 de septiembre de 2013, que declaró la inadmisibilidad de la acción de Amparo Constitucional interpuesta.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de septiembre de 2011, por la abogada Yurúa Oliveros, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 32.278, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte querellada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, en fecha 8 de noviembre de 2010, que declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial ejercido por la ciudadana MARÍA GRACIELA PEÑA de GONZÁLEZ, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, por diferencia de prestaciones sociales; 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3. PROCEDENTE LA CONSULTA; 4.- CONFIRMA, el fallo consultado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: la NULIDAD de las actuaciones procesales posteriores al lapso de fundamentación de la apelación, y en consecuencia, se REPONE la causa al estado de que se notifique a las partes para que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, se dé inicio al lapso de contestación a la fundamentación de la apelación interpuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró que: NO ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 4 de diciembre de 2012, para conocer en primer grado de jurisdicción del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano ÍTALO RENÉ RUBIO RAMÍREZ, asistido por el abogado Mario Alberto Otero Mancini, previamente identificados, contra el acto administrativo dictado por el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C.), notificado en fecha 30 de junio de 2011, mediante el cual fue destituido del cargo que ocupaba; PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA por ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; Se ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines legales consiguientes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: ORDENA al JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho para que den cumplimiento a lo solicitado en el presente auto.