Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: ORDENA notificar a la Comandancia General de Policía de la Gobernación del estado Apure, así como también al ciudadano José Javier Olivares Rivero, titular de la cédula de identidad Nº 17.396.027, o a su mandante abogado Marco Goitia, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 75.239, para que dentro de lapso de cinco (5) días de despacho mas cinco (5) días continuos del término de la distancia, contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, den cumplimiento a lo ordenado en la presente decisión.

Por las razones expuestas, esta Corte segunda de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1. SU COMPETENCIA para conocer del recurso contencioso tributario interpuesto por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil LÍNEAS AÉREAS COSTARRICENSES, S.A., (LACSA), contra la Resolución Nº GF/0/2009/271 de fecha 3/08/2009, notificada en fecha 11 del mismo mes y año, mediante la cual declaró sin lugar el recurso jerárquico que presento la referida sociedad, contra la Resolución de fecha 2/06/2009, dictada por el (BANAVIH). 2.- REPONE la causa al estado de admisión de la misma. 3.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte, a los fines de que examine céleremente los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo ORDENA la notificación del Alcalde del Municipio San Francisco del Estado Zulia, para que dentro del lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en el expediente el recibo de la notificación, remita a este Órgano Jurisdiccional la información solicitada. Asimismo, se ORDENA la notificación de los ciudadanos EGDA VÍLCHEZ, HENRY RAMÍREZ y NELSON CANQUIZ, en su condición de parte recurrente; así como a la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, como parte recurrida en la presente causa.

Esta Corte REPONE la causa al estado de admisión de la misma.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido Síndico Procurador del Municipio Maracaibo del estado Zulia, contra la decisión dictada por el referido Juzgado en fecha 18 de marzo de 2010. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido; 3.- CONFIRMA el fallo apelado, por medio del cual se declaró INADMISIBLE la recusación planteada Síndico Procurador del Municipio Maracaibo del estado Zulia contra la ciudadana Gloria Urdaneta de Montanari, Juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo del estado Zulia.

Esta Corte declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Carmen Florencia Pérez de Soteldo, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil UNIVERSITAS DE SEGUROS C.A.

DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Marisela Cisneros Añez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.655 actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano CARLOS ALEXANDER CÁRDENAS LIENDO, contra la decisión de fecha 27 de abril de 2006 dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el apoderado judicial de la referida ciudadana, contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. 2.- SIN LUGAR la apelación ejercida. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del acción de amparo tributario ejercida por las abogadas Rosa María Castillo y Ana Corrales Requesens, actuando representación de la sociedad mercantil SEGUROS QUALITAS, C.A., contra el BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), por la presunta demora excesiva en que ha ésta incurrido en la emisión de la solvencia de cumplimiento de obligaciones relacionadas con el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda; 2.- ANULA todas y cada una de las actuaciones realizadas por el Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario del Área Metropolitana de Caracas; 3.- INADMISIBLE la presente acción, por cuanto no fue consignado ningún documento que demuestre la gestión de trámite alguno.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la apoderada judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 del mismo mes y año, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ZOILA CATALINA MARTÍNEZ FLORES, titular de la cédula de identidad Nº 3.515.700, debidamente asistida por el abogado Douglas Rivas, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 59.901, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrida. 3.- Se CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de septiembre de 2012.

Esta Corte declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por el ciudadano Andrés Enrique Tinoco, en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil CONTINENTAL AIRLINES INC, debidamente asistido por la abogada Adriana Valentina Madriz Alvarado, contra el BANAVIH. 2.- REPONE la causa al estado de admisión de la misma. 3.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación de la Corte, a los fines de que examine céleremente los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto y de resultar admisible; sustancie el mismo conforme al procedimiento previsto para las demandas de nulidad de actos administrativos establecido en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.