Esta Alzada encuentra ajustada a derecho la decisión aquí consultada y en consecuencia, confirma la sentencia de fecha 20 de octubre de 2011, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, de fecha 26 de octubre de 2010, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano OSCAR JAVIER CORTES CASTILLO, asistido por el abogado Frederick Antonio Díaz Viera, contra la GOBERNACIÓN ESTADO APURE, por la presunta retención de sus salarios desde el 1 de marzo de 2008 hasta el 1 de febrero de 2009. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 de Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA la referida decisión.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la ciudadana DILIA NEREIDA VELÁSQUEZ GONZÁLEZ, titular de la cédula de identidad Nº 2.143.601, debidamente representada por la abogada Leni del Carmen Ortiz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 37.666, contra el acto administrativo Nº PRE-VPAI-CJ-081907 de fecha 4 de julio de 2013, proferido por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI).

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela constató que al haber interpuso el recurso contencioso administrativo funcionarial de autos el 12 de marzo de 2012, es decir, más de 8 años después del hecho constitutivo de la lesión, resulta forzoso declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la ciudadana María Graciela Araujo De Villegas, resultando en consecuencia, inadmisible el recurso interpuesto. Por tanto, se confirma la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 3 de febrero de 2014.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ORDENÓ la notificación personal de la sociedad mercantil Tadeo Anzoátegui, C.A., para que, dentro de un lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, tenga acceso al expediente llevado por esta Corte y de considerarlo necesario, ejerza el control de la prueba de los documentos insertos en el mismo, y en general, exponga lo que a bien tengan en defensa de sus derechos, con motivo del Recurso de Nulidad interpuesto por la parte actora contra el acto administrativo impugnado en cuestión. Se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida el 26 de noviembre de 2012, por el abogado José Amílcar Castillo, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, de fecha 24 de septiembre de 2012, mediante el cual ordenó la reposición de la causa al estado de la celebración de la audiencia definitiva, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por el ciudadano PEDRO JOSÉ HERNÁNDEZ, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA la decisión apelada. 4.- Se ORDENA al Juzgado de Instancia pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 4 de abril de 2013, por el abogado Wilfredo López lzurutt, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana VILMA CAROLA GARASSINO DE DORBESSAN, contra el fallo dictado en fecha 27 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo del estado Aragua, mediante el cual declaró inadmisible por caducidad en la oportunidad correspondiente para emitir pronunciamiento en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL) Y EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de junio de 2010, por el abogado José Delgado Pelayo, previamente identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil ATUNEROS DE PARAGUANÁ S.A., contra el auto dictado por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón en fecha 7 de junio de 2010, mediante el cual se declaró improcedente la solicitud de reposición realizada por su representada; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, queda FIRME el fallo apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la Demanda de Nulidad interpuesta por los abogados Orlando Silva, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 75.992, respectivamente, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PACKFILM DE VENEZUELA C.A, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en el oficio número CAD-PRE-CJ-095658 de fecha 31 de mayo de 2010, emanada de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), a través de la cual se negó la renovación de las Autorizaciones de Adquisición de Divisas (AAD), correspondientes a las solicitudes números 6910903, 6911573, 611685, 6911742, 6911795, 7245817, 7247149, 7248627, 7248648, 7248711, 6911215, 6911419, 6911761, 7247298 y 7248816.

Esta Corte tomando en cuenta la particularidad del presente caso declara CON LUGAR la inhibición propuesta por la ciudadana Juez Hirda Soraida Aponte, actuando con el Carácter de Jueza del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, y Municipio Arismendi del Estado Barinas, toda vez que tales hechos engloban un tema de subjetividad del Juez sentenciador.