Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por abogadas Laura Capecchi y Luisa Yaselli, actuando en representación del ciudadano GUSTAVO ENRIQUE SANDOVAL PEREIRA, contra el auto de admisión de pruebas emitido por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de noviembre de 2013, en el marco del recurso contenciosos administrativo funcionarial intentado por el referido ciudadano, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación intentado; 3.- CONFIRMA el auto apelado.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, ORDENA notificar al ciudadano CARLOS ALBERTO CASTILLO PARRA, para que comparezca en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en actas el recibo de la notificación correspondiente, a los fines de que manifieste su voluntad de continuar con la presente causa, la cual se ve constituida por la apelación de la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 18 de agosto de 2003, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, advirtiéndose a la parte querellante que de no presentarse a manifestar su interés en la presente causa, se declarará la pérdida del interés y la extinción de la instancia.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ordenó notificar a la ciudadana Procuradora General de la República de la presente causa, la cual se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, una vez conste en autos dicha notificación en aplicación del lapso previsto en el artículo 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Durante el referido lapso de noventa (90) días continuos la ciudadana Procuradora General de la República o quien actúe en su nombre, deberá manifestar la ratificación de la suspensión o su renuncia respecto del lapso restante, siendo que una vez se tenga por notificada, la presente causa continuará su curso legal.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la sociedad mercantil UNILEVER ANDINA S.A., inscrita por última vez en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Miranda en fecha 5 de agosto de 1994, bajo el número 30, Tomo 43 A-Pro, contra la Providencia Administrativa de efectos particulares dictada en fecha 26 de mayo de 1998, por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO LARA, mediante la cual se declaró la nulidad absoluta de la transacción laboral y del acto administrativo de homologación de fecha 8 de septiembre de 1997, suscrita entre la referida sociedad mercantil y CARLOS MORAZZANI BOSCHETTI, por ante la Inspectoría del Trabajado en los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del estado Carabobo.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano ARGENIS RAMÓN CARTAGENA, titular de la cédula de identidad número 4.776.747, asistido por el abogado Rubén Emilio Sáez Zerpa, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 61.316, contra el acto administrativo contenido en el oficio número D.A. 489.02.02, de fecha 18 de febrero de 2002, dictado por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO CHACAO DEL ESTADO MIRANDA, mediante el cual fue retirado del cargo de "Contador III".

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: EXTINGUIDA LA ACCIÓN por la PÉRDIDA DEL INTERÉS en el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar, por la ciudadana GLADYS ELENA PAREDES DE NAVARRO, cédula de identidad número 2.450.061, actuando en nombre del ciudadano CÉSAR OSWALDO NAVARRO PAREDES, cédula de identidad número 8.046.055, representada por el abogado José Manuel Salinas Briceño, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 58.087, contra el acto administrativo número 00203/2004 de fecha 16 de junio de 2004, dictado por el CONSEJO DE APELACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, mediante el cual se destituyó al ciudadano antes mencionado del cargo de Profesor Asistente a dedicación exclusiva, adscrito al Departamento de Cálculo de la Escuela Básica de Ingeniería de dicha Universidad.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la abogada Carla Nefertiti Chapón Rincones, actuando con el carácter de Síndica Procuradora Municipal del Municipio Guanare del estado Portuguesa, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 25 de enero de 2012; 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta; 3.- REVOCA el fallo apelado; 4.-INADMISIBLE por caducidad el recurso contencioso administrativo funcionarial por cobro de prestaciones sociales interpuesto por la ciudadana María Alejandra Chacón Rodríguez, en contra de la Alcaldía del Municipio Guanare del estado Portuguesa.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada María Magdalena Oropeza, actuando en representación de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL, contra la decisión dictada en fecha 28 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ELY VARGAS, asistido por el abogado Wilmer Partidas, contra la referida alcaldía. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación intentado; 3.- CONFIRMA la sentencia apelada, en los términos expuestos, respecto a la improcedencia del pago de los sueldos dejados de percibir en los términos expuestos en la motiva.