Se dictó decisión en la cual: 1.ACEPTA LA COMPETENCIA regulada por la Sala Plena (Sala Especial Primera) del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 20 de fecha 7 de julio de 2015, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por cumplimiento de contrato de seguros y pago de indemnización por daño moral, interpuesta por la abogada Rosangela Brito López, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano DIONISIO RAFAEL ESPINOZA, contra la sociedad mercantil C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA, inscrita en el libro de Registro de Comercio en la Oficinal del Distrito Federal en la ciudad de Caracas en fecha 23 de marzo de 1.914, bajo el Nº 296, y posteriormente fusionado al Ministerio del Poder Popular para la Economía y Finanzas, mediante Decreto Nº 7.187, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.358 de fecha 1º de febrero de 2010. 2.ORDENA remitir la presente causa al Juzgado de Sustanciación de esta Corte.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1. Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Hirda Soraida Aponte, actuando en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, con motivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Marcos Goitia, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana MARÍA DANIELA PALMERO HERRERA, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2. El DECAIMIENTO DEL OBJETO de la inhibición propuesta. 3. Se ORDENA notificar de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, al Juez o jueza del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1. Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Hirda Soraida Aponte, actuando en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, con motivo del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Marcos Goitia, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la ciudadana YENETSY MARBELLYS CURUCO GÓMEZ, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. 2. El DECAIMIENTO DEL OBJETO de la inhibición propuesta. 3. Se ORDENA notificar de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, al Juez o Jueza del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual ordenó oficiar al Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (I.N.I.A.), a los fines que se sirvan informar sobre la evaluación del periodo de prueba de la ciudadana Ahiara del Carmen Rengifo Aponte, comprendido desde el 1º de enero de 2012, hasta el 29 de marzo de 2012, fecha en la cual fue notificada la querellante de la revocatoria del nombramiento, para lo cual se fija un lapso perentorio de cinco (5) días de despacho -contados a partir que conste en autos el recibo de las notificaciones que se ordenan librar- mas dos (2) días continuos que se conceden como término de la distancia, a los fines que consignen la información requerida.

Esta Corte declaró TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria interpuesta en fecha 16 de febrero de 2016, por la Abogada Giselle Carolina Thourey, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil FOSPUCA BARUTA, C.A, sobre el fallo dictado por esta Corte en fecha 8 de diciembre de 2015 y registrado bajo el Nº 2015-001170; e IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria formulada.

Esta Corte declaró DESISTIDO el procedimiento en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida de suspensión de efectos por el Abogado José Fernández Acevedo, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil VALLALIGHT C.A., contra las Providencias Administrativas Nos. CJ-121-2014, CJ-123-2014, CJ-116-2014, CJ-120-2014, CJ-122-2014, CJ-113-2014 y CJ-119-2014 de fechas 7 de octubre de 2014 y notificadas el 17 de octubre de 2014, emanadas del INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE.

Esta Corte declaró que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto, PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida, ANULA la decisión dictada en fecha 27 de octubre de 2015 por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y REPUSO la causa al estado de expedir nuevamente el cartel de emplazamiento.

Esta Corte DECRETA LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia Nº 2015-000201 de fecha 15 de abril de 2015, y ORDENA a la Sociedad Mercantil GILDEMEISTER VENEZUELA, S.A., dar cumplimiento voluntario a lo establecido por las partes en la transacción celebrada en fecha 11 de julio de 2014, así como su aclaratoria consignada en fecha 24 de febrero de 2015, lo cual deberá hacer dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos la respectiva notificación.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.-Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por la abogada Graciela Haydeé Pérez Peña, en fecha 16 de octubre de 2014, en representación de la parte querellada, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 13 de octubre del mismo año, que declaró parcialmente con lugar la demanda contencioso administrativa funcionarial incoada por la ciudadana ANDREA DESSIREE DELGADO ZAMBRANO, asistida por el abogado Pedro de los Reyes Peñaloza Solano, ya identificados, contra el INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD (IMCAS). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: instar a las partes, para que en un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos su respectiva notificación, consigne en original o en copia certificada el certificado electrónico de la declaración jurada de patrimonio de egreso o cese de funciones presentada por la ciudadana Norma Alicia Loaiza de Núñez, con su debido acuse de recibo.