DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la solicitud de CALIFICACIÓN DE DESPIDO REENGACHE Y PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS interpuesta por el ciudadano HERMES DARÍO PIMENTEL titular de la Cédula de Identidad N° 7.389.577, contra la empresa INVERSIONES PIZZI C.A., ampliamente identificada en autos. SEGUNDO: Por ser doctrina reiterada en los tribunales de instancias y superiores del trabajo, se exonera de costas a la parte actora, ello en virtud de considerarse al actor como el débil económico en la relación jurídica que motivó la demanda.

DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la impugnación de los montos consignados por el patrono hecha por la parte actora. En consecuencia, manifestada como ha sido la voluntad patronal de persistir en el despido se ordena a la empresas DEFORMACIONES PLÁSTICAS DE METALES, ya identificada en autos, que pague la actor la cantidad de BOLIVARES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y TRES CON 35/100 (Bs. 257.083,35), por concepto de diferencias de las cantidades referidas en el Artículo 126 de la Ley Orgánica del Trabajo, las cuales fueron calculados sobre la base de un salario determinado sin agregar el bono de productividad mensual de Bs. 26.598oo mensuales, o sea Bs.886,60 diarios, en tal sentido, la cantidad anterior resulta de la siguiente operación aritmética

Este Juzgado declara: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesto en fecha 15 de abril de 2004, por el abogado LUIS GONZALEZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia dictada por el extinto Juzgado de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, sede Carora, de fecha 31 de enero de 2003. En consecuencia, SIN LUGAR la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por el ciudadano VICTOR JULIO HERRERA SILVERA, venezolano, mayor de edad, cédula de identidad N° E- 81.359.462, de este domicilio, representado judicialmente por los abogados LUIS MIGUEL GONZÁLEZ y AGUSTÍN ALVARADO, inscritos en el I.P.S.A bajo los Nº 19.338 y 70.756 respectivamente, en contra de SUMINISTROS DE ALIMENTOS MAG BASI C.A, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 18 de abril de 1977, bajo el.....

D E C I S I O N En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana CLARENA ESPERANZA JAIMES VILLAMIL, parte actora, contra los autos de fechas 5 y 6 de abril de 2004, dictados por la Juez Nº 2 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, por medio de los cuales dio por terminado el presente procedimiento de DIVORCIO CONTENCIOSO, intentado por la citada ciudadana CLARENA ESPERANZA JAIMES VILLAMIL contra el ciudadano MILTON UZCÁTEGUI QUIÑONEZ, y ordenó el archivo del expediente, de conformidad con lo establecido en el Art. 756, parte in fine del Código de Procedimiento Civil. En su defecto, se revocan ambos autos y SE REPONE la causa al estado de que el A-quo fije nueva fecha para la celebración del Primer Acto Conciliatorio entre las partes. Quedan a.....

El Tribunal advierte la imposibilidad de suspenderla toda vez que no es posible establecer la fecha cierta del documento del cual emanó el crédito por el cual se llevó a cabo el remate, y en todo caso, la sentencia dictada en este juicio, que declaró la Resolución del Contrato y estableció la obligación de la parte demandada de pagar a la actora la cantidad de dinero que una vez indexada constituyó el crédito que permitió a la actora adquirir el inmueble, adquirió firmeza en fecha 03/12/01, posteriormente al decreto de la medida cuya suspensión solicita.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, señala que es necesario para esta Juzgadora en aras de auspiciar el pleno desarrollo de las capacidades del adolescente, la adecuada convivencia del adolescente (identidad omitida)con su familia y su entorno social, tal y como lo consagra el articulo 629 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, DECLINAR LA COMPETENCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA CAUSA, al Tribunal de Ejecución de la Sección Penal de Responsabilidad de Adolescente del Estado Yaracuy, con sede en la Ciudad de San Felipe, en razón de lo contemplado en el articulo 614 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, por remisión expresa del articulo 537 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. En consecuencia se ordena remitir inmediatamente la.....

Se dictó sentencia interlocutoria, declarándose sin lugar la apelación, formulada el 19-02-04, por el abogado JOSE ANGEL HERNANDEZ ARRIETA, en su carácter de apoderado de la empresa PIVAL, C.A., obligada principal y los ciudadanos RICARDO JOSE PINEDO y LEIDIS VALERA MARTINEZ, en su carácter de avalistas, en el juicio por cobro de bolívares, interpuesto en su contra por COMPAÑIA ENVASADORA DE REACTIVOS Y DIAGNOSTICOS, C.A. (CER DIAGNOSTICOS, C.A.). Se declara sin lugar la oposición de parte, formulada el 22-10-03, por la ciudadana LEIDYS MERCEDES VALERA MARTINEZ, contra la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar. Se ratifica la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar, decretada el 23-07-03, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. Queda confirmada la decisión apelada. Se condena en costas a la parte apelante.

Se libró oficio N° 402-2004 al Juzgado Cuarto del Municipio Iribarren del Estado Lara, remitiendo la presente comisión, constante de (10) folios útiles, cumplida como ha sido.

Por las razones antes expuestas este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara: CON LUGAR la demanda por Cobro de Bolívares Intimatorio, intentada por Banco Provincial, S.A., Banco Universal, C.A, en contra de la sociedad mercantil O.Z. Diseños Y Modas C.A, como deudor principal y la ciudadana Omaira Virginia Zerpa como fiadora principal y solidaria. Se condena a la parte demandada (O.Z DISEÑOS Y MODAS C.A., OMAIRA ZERPA) a pagar las siguientes cantidades: a) Catorce Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Trescientos Treinta y Cinco Bolívares con Ochenta y Nueve Céntimos (Bs. 14.961.335,89) por concepto de capital debido. b) Seis Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Bolívares Con Noventa y Cinco Céntimos (Bs. 6.233.889,95) por concepto de intereses moratorios causados desde el día 21-08-2001 hasta el día 17-06-2002. c) Los intereses moratorios que se causaron desde el 17\6\2002 hasta la publicación de .....

Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA declarando SIN LUGAR la acción de amparo y CONFIRMADA la sentencia dictada en fecha 08-03-04, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. Se ordenó notificar a las partes.