Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ordenó: la notificación personal de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT) y de las siguientes agencias de viajes: Tomaca Tours C.A., Alitour C.A., Internacional Agencia de Viajes C.A., Viajes Suevia C.A., Transmundial C.A., El Faro Agencia de Viajes C.A., Tur-V-Special Tours C.A., Agencia de Viajes y Turismo Halcón C.A., Viajes Andari C.A., Agencia de Viajes y Turismo Afortunada Tours C.A. y Adrián Tours C.A., para que, dentro de un lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de que conste en autos la última de las notificaciones, tengan acceso al expediente llevado por esta Corte y de considerarlo necesario, ejerzan el control de la prueba de los documentos insertos en el mismo, y en general, expongan lo que a bien tengan en defensa de sus derechos, con motivo del recurso de nulidad interpuesto por la parte recurrente contra el acto administrativo impugnado.

Se dictó decisión mediante la cual esta corte declaró:DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo constitucional por la ciudadana Edith Hernández Mora, asistida por el abogado Alejandro Mata Benítez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 13.471, contra la Resolución Nº 000499, de fecha 2 de agosto de 2005, por providencia administrativa Nº RC-002205, de fecha 24 de agosto de 2005, emanada de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, por órgano del MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN; por no retirar el cartel al que alude el aparte 11 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta (30) días continuos a que alude la sentencia Nº 05481 de fecha 11 de agosto de 2005, (caso: Miguel Ángel Herrera contra el Ministerio de Interior y Justicia), dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por Gustavo Medina contra el silencio administrativo negativo del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, sobre el recurso jerárquico que interpusiera el recurrente, el 7-4-06, que confirmó el acto administrativo contenido en el oficio N° 0230-8087, del 21-12-05, emanado de la DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y NOTARÍAS, esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida el 04-7-07, por la parte querellante contra la sentencia del 22-5-07, del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Sin Lugar la querella instaurada, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, 3.- FIRME el fallo apelado, 4.- NIEGA la declaratoria de accesoriedad y acumulación solicitada y 5.- EXPÍDASE por Secretaría, copia certificada de la presente decisión para ser agregada el expediente AP42-R-2009-000502.

En el recurso de apelación ejercido en fecha 13 de agosto de 2007, por el ciudadano José Alberto Martínez Román, contra la sentencia dictada en fecha 2 de julio de 2007, por el Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Alcaldía del Municipio Zamora del Estado Miranda, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Sin lugar el recurso de apelación interpuesto 3. Confirma con la reforma indicada el fallo apelado.

En el recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el ciudadano José Castillo y otros contra la Insectoría del Trabajo César "Pipo" Arteaga de los Municipios San Diego, Naguanagua y la Parroquia San José , San Blas, Catedral, Rafael Urdaneta del Municipio Valencia del estado Carabobo, está corte declaró: 1.-Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto el 4-11-09, por la parte recurrente contra la sentencia dictada el 30-10-09, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso instaurado, 2.- Homologa el desistimiento de las apelaciones interpuestas contra la supra referida sentencia, respecto de José Castillo y Gustavo Torrealba, las cuales fueron interpuestas el 24 de marzo y 15 de abril de 2010, respectivamente, 3.- Sin lugar la apelación interpuesta y 4.- Confirma el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la Contraloría General del estado Apure, contra el fallo dictado en fecha 27 de abril de 2010, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la representación judicial de la ciudadana DIRSA MARÍA BUAIZ GONZÁLEZ, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO APURE, esta Corte dictó decisión por medio de la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; 3. CONFIRMA el fallo apelado.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 8 de febrero de 2011, por el Abogado Héctor Zamora, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano Jesús Rafael Pérez Salazar, contra la sentencia dictada en fecha 28 de enero de 2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Resolución Nº 002199 de fecha 10 de mayo de 2010, emanada del Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. Con lugar el recurso de apelación interpuesto 3. Revoca el fallo apelado 4. Ordena al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad del recurso, y de ser el caso, admita y sustancie el procedimiento correspondiente.