Este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados Gilberto Cardier y Andrés Eloy Parra, apoderados judiciales de la parte Actora, contra el Auto de fecha 12/12/2007 dictado por el Juzgado Octavo de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial. SEGUNDO: No hay condenatoria en Costas del Recurso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. TERCERO: Se REVOCA el Auto recurrido. CUARTO: Se ORDENA al Juzgado A quo que proceda a certificar la notificación de la demandada a los fines de que comience a computarse el lapso para la celebración de la Audiencia Preliminar, la cual se ordena asimismo fijar.

Este Tribunal, visto que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el presente proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de el trabajador, ni normas de orden público, decide HOMOLOGAR EL PRESENTE ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de Cosa Juzgada. Se ordena se archive el expediente una vez conste en autos el recibo del pago por parte del trabajador o su apoderado judicial. Emítase copias a las partes.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud de Calificación de Despido sociales intentada por la ciudadana Maria Martha Sánchez Lameda, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 11.269.617 en contra de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.-

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR el cobro de honorarios profesionales incoada en el procedimiento de estimación e intimación por las ciudadanas ALICIA V. COLMENARES y NIEVES K. RODRIGUEZ C. en contra del ciudadano LUIS ROSALES, Representante de la Empresa SERENOS YARACUY C.A. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas.

PRIMERO: Reponer la causa al estado de que se admita el asunto y se lleve acabo la fase declarativa. SEGUNDO: Una vez que precluya el lapso correspondiente para ejercer los recursos contra esta decisión, se ordena admitir la presente acción para cumplir con la fase declarativa conforme se indicó en la parte motiva de esta decisión que se da aquí por reproducido. TERCERO: No hay condenatoria en costas porque ésta decisión no se refirió al fondo de la controversia y se dictó de oficio.

este Juzgado Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte codemandada y en consecuencia REVOCA la decisión proferida por el Juzgado Cuarto de Municipio Iribarren de esta misma Circunscripción Judicial en fecha 29 de enero de 2008, y, en consecuencia, ordena a éste pronuncie el fallo de mérito que corresponde en la pretensión de desalojo de inmueble propuesta por el ciudadano Eduardo Antonio Alvarez Aponte, en contra de los ciudadanos Yennery Josefina Galíndez, Ivonne Galíndez de Cordero y Oscar Eduardo Galíndez, todos previamente identificados.

éste Tribunal habida consideración que ciertamente las partes en litigio mediante un contrato bilateral dirigidas a ponerle fin al juicio y por ende de modo extraordinario a la relación sustantiva obligacional a que se contrae la presente causa, y siendo que disponen las partes intervinientes de la suficiente capacidad procesal para disponer del derecho en litigio, sin que en el fondo por otra parte la formula en referencia afecte el orden público ni verse en definitiva sobre materias para cuyo tratamiento por vía de contratación estén prohibidas las transacciones, le imparte su correspondiente homologación, en consecuencia, téngase la formula de auto-composición procesal presentada, como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada entre las partes, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 255 y 266 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente.

DISPOSITIVA Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que confiere la Ley, a tenor de lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con lo dispuesto en el artículo 510 ejusdem, de oficio concede como fórmula alternativa de cumplimiento de pena la LIBERTAD CONDICIONAL, a favor del ciudadano PABLO DE LA CRUZ GARRIDO, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 9.614.555, por el delito de DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, tipificado en tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, quedando sometido a las condiciones indicadas en la motiva de la presente decisión por el rest.....

Es por todas las razones antes expuestas que, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la demanda por COBRO DE BOLIVARES INTIMATORIO, intentada por el ciudadano JAIME SABAS CAMACARO, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 6.818.567, asistido por la Abogado en ejercicio MARIA EMILIA BRIZUELA R., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 90.855, de esta domicilio, contra el ciudadano EUTIMIO ANTONIO ZERPA, titular de la cédula de identidad N° 9.603.447; Regístrese y publíquese.

Por cuanto se venció el lapso legal concedido a la demandada, a fin de que comparezca a pagar las cantidades de dinero indicadas en el libelo de demanda ó bien a formular su oposición sin que ello hubiere ocurrido, este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y muy especialmente por el artículo 651 del código de Procedimiento Civil, declara firme el decreto intimatorio, condenando a la demandada a pagar la suma de: 1) La suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 5.520.000,00) por concepto de capital adeudado; 2) Los intereses vencidos y por vencer calculados a la rata del 5% anual, hasta la total y definitiva cancelación de la deuda; 3) la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 1.380.000,00) en que se estiman prudencialmente las costas procesales de conformidad con el articulo 648 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a las partes de la presente decisión po.....