Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida por el ciudadano Oliverio Acosta Cedeño, actuando con el carácter de Presidente del organismo recurrido, contra la sentencia de fecha 31 de julio de 2003, mediante la cual declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la ciudadana IRIS SALAZAR, contra el CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO AMAZONAS. 2. DESISTIDO el recurso de apelación. 3. PROCEDENTE la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.4. Conociendo el fondo del asunto se REVOCA la sentencia dictada por el iudex a quo, en consecuencia, se declara INADMISIBLE, la querella funcionarial interpuesta.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de marzo de 2011, por la abogada Vicmar Olmos, actuando con el carácter de Síndica Procuradora del Municipio Mario Briceño Iragorry del Estado Aragua, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Región Central, Estado Aragua en fecha 22 de marzo de 2011. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación; 3.- IMPROCEDENTE la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 4.- FIRME la sentencia apelada.

En el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Juan José González, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 65.585, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana ALEIDA ROJAS DE MARIN, titular de la cédula de identidad Nº 5.525.236, contra la Resolución Nº 2608 de fecha 19 de febrero de 2002 emanada de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS; esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte querellada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 27 de julio de 2004, mediante la cual declaró con lugar el recurso interpuesto; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y, 3.- CONFIRMA el fallo dictado por el referido Juzgado en fecha 27 de julio de 2004.

Con base en lo expuesto y efectuado el análisis del contenido de la decisión apelada, esta Corte estima que la sentencia dictada el día 2 de febrero de 2007, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, que declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano Rafael Virguez, debidamente asistido por la abogada Mierla Quiñonez Lizardo, contra la las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Lara, no vulnera normas de orden público ni se encuentra en contradicción con los criterios vinculantes emanados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal virtud, esta Corte declara DESISTIDO el presente recurso de apelación y, en consecuencia, FIRME el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar de suspensión de efectos, por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil C.A. CENTRAL, BANCO UNIVERSAL, la cual pasó a conformar el BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A, contra la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN); esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- IMPROCEDENTE LA HOMOLOGACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN formulada por el apoderado judicial de la recurrente; 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de declaratoria de perención de la instancia formulada por el Fiscal Segundo del Ministerio Público ante las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mediante diligencia suscrita en fecha 22 de noviembre de 2011, y 3.- Se ORDENA la continuación de la sustanciación de la presente causa, con todas las formalidades a que haya lugar conforme a la Ley.

Esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de inhibición formulada por la abogada Betti Ovalles Lobo, actuando en su carácter de Juez Titular del Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por el ciudadano LUIS ALBERTO BÁEZ TORREZ, contra el acto administrativo contenido en la providencia administrativa Nº 04-066 de fecha 9 de septiembre de 2004, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE GUASIPATÍ, ESTADO BOLÍVAR, en el marco se la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por su persona contra la sociedad mercantil C.V.G. MINERVEN, C.A.; 2.- CON LUGAR la inhibición planteada.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad presentado por la abogada Alexandra Álvarez Medina, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 55.264, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil BANCO PROVINCIAL S.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución número 291.10 de fecha 3 de junio de 2010, notificada mediante de oficio Nro. SBIF-DSB-GGCJ-GLO-08099, de esa misma fecha, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN).