Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa, SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; y CONFIRMA la sentencia apelada.

Esta Corte declaró: su INCOMPETENCIA para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por abstención interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada por el ciudadano JOSÉ DARÍO ZAMBRANO CORZO, asistido por la abogada Jacqueline Omaira Mendoza Almeida, contra la UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA, NO ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 30 de noviembre de 2016, PLANTEÓ CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA y en consecuencia, solicitó la regulación ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta corte declaró: su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano ALBERTO BASANTA, contra la decisión del 13/4/2016 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor-Oriental contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL EDO ANZOÁTEGUI; CON LUGAR la apelación ejercida; se REVOCÓ el fallo dictado el 13/4/2016 por el referido Juzgado, CON LUGAR el recurso interpuesto, NULO el acto administrativo de destitución de fecha 24/4/2014, emanado del Dir. Pdte. de la Policía del edo Anzoátegui y ORDENÓ la reincorporación al ciudadano Alberto Basanta al cargo de "Oficial" de la unidad administrativa del Centro de Coordinación Policial El Tigre, así como el pago de los sueldos dejados de percibir, desde el 24/4/2014 hasta su efectiva reincorporación, excluyendo la cancelación de aquellas remuneraciones que requieran la prestación efectiva del servicio.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer del recurso de regulación de competencia interpuesto; REGULA LA COMPETENCIA, a cuyo efecto declara competente a los Juzgados de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas; y ORDENA la remisión de la causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los referidos Juzgados de Primera Instancia, a los fines que previa distribución, conozca y decida el fondo de la presente causa.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; y FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa; PROCEDENTE la consulta de ley planteada; y CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 18 de mayo de 2015 por el Juzgado Superior.

Esta Corte se declaró COMPETENTE para conocer la causa; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; y FIRME la sentencia apelada.

La Presidencia de esta Corte declaró CON LUGAR la inhibición presentada por el Juez Víctor Martín Díaz Salas, en fecha 31 de enero de 2017.

Esta Corte: Acordó LA EJECUCIÓN VOLUNTARIA de la sentencia Nº 00384 dictada por la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 6 de abril de 2016, mediante la cual declaró con lugar el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de las sociedades mercantiles ATENTO, N.V. y ATENTO VENEZUELA, contra la sentencia número 2014-0165 dictada en fecha 10 de febrero de 2014, por esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, revocó el fallo apelado y declaró nulo el acto administrativo contenido en la Resolución de fecha 28 de septiembre de 2007, identificada con el alfanumérico MILCO SIEX-059-2007, emanada de la extinta SUPERINTENDENCIA DE INVERSIONES EXTRANJERAS (SIEX).

Esta Corte declaró SIN LUGAR la demanda por daños y perjuicios interpuesta; y en consecuencia: ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión al Registrador Inmobiliario del Municipio Maneiro del estado Nueva Esparta, a los fines legales consiguientes; CONDENA en costas a la sociedad mercantil Inversiones Villalba C.A., en virtud de haber resultado totalmente vencida en la presente controversia, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 274 y 286 del Código de Procedimiento Civil, y a los fines de cuyo cálculo, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo.